En una reunión llevada a cabo el pasado martes en París ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso la ley que rige las diferentes penas de prisión para delitos financieros.

De esta manera, el Gobierno tiene la esperanza de abandonar el listado de países bajo seguimiento constante por parte del organismo internacional una vez que se realice el plenario en junio próximo.

Uno de los temas principales tratados en el encuentro fue la ley que define el terrorismo y su financiamiento aunque, cabe resaltar que la norma de delitos bursátiles contó con el visto bueno de la GAFI ya que no se observaron irregularidades en esta primera presentación.

El texto de la ley, la cual fue impulsada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), indica que el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros será penado con 2 a 8 años de cárcel. Por otra parte, el cohecho financiero tendrá de 2 a 6 años de prisión mientras que la manipulación de valores y el abuso de información privilegiada  será castigado con 2 a 4 años.

Esta última iniciativa apunta a la alteración de la cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables y alcanza a directores, miembros de órganos de fiscalización, representantes de sociedad, accionistas y aquellos que accedan a información privilegiada.

Luego del encuentro, del que también participó el titular de la UIF, José Sbatella, el Gobierno cumplió con la exposición técnica de la última exigencia de importancia para la GAFI, como es la ley que normatiza al terrorismo y castiga su financiamiento con penas de los 5 hasta los 15 años de cárcel.

Así, desde el Gobierno nacional se aspira a llegar a febrero con una presentación sólida del plan de acción que permita que Argentina salga de la lista de países bajo seguimiento constante luego del plenario del junio próximo.