GlaxoSmithKline y dos médicos fueron sancionados a pagar un millón de pesos por irregularidades en ensayos clínicos llevados a cabo en la provincia de Mendoza. Así lo confirmó el juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky.

El conflicto se desarrolló debido a que la farmacéutica y los investigadores buscaban desarrollar una vacuna para prevenir la neumonía adquirida y la otitis media aguda, las cuales son provocadas por la bacteria neumococo. En este accionar se incumplieron requisitos legales básicos para llevar adelante en 2007 y 2008 las pruebas en niños

La sanción dispuesta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) luego de la investigación pertinente, fue confirmada al rechazar una apelación de los imputados.

De esta manera, catorce bebes que fueron partícipes del protocolo murieron. Si bien no se puede comprobar la relación entre los decesos y los procedimientos, la entidad de control sanitario pudo detectar la falta de documentación relativa a historias clínicas de los pacientes y sobre los métodos de administración de medicinas.

A los médicos Héctor Abate y Miguel Tregnaghi se les impuso el pago de $300.000 para cada uno, mientras que al laboratorio GlaxoSmithKline fue sancionado con una multa de $400.000.

"Se advirtió una falta de seguimiento y registro adecuado de los eventos adversos ocurridos durante el estudio que permitiera descartar la seriedad de los mismos", afirmó el dictamen del ente regulador.

Si bien el ensayo denominado “Compas” afronta siete años de denuncias en el país (se acusa a la empresa de origen alemán de utilizar métodos de captación en familias vulnerables), el escándalo se desató en Santiago del Estero en donde médicos y familiares de las víctimas acusaron un “reclutamiento no ético”.

En el año 2007, el entonces presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Freposa), Jorge Yabkowski, aseguraba que "de las madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un protocolo, les hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren abandonar el estudio".

El juez Aguinsky consideró que "vedar la posibilidad de un control técnico-discrecional" por parte del organismo sanitario "implicaría sin más vaciar a tal actividad de su propio objeto y cuestionar el derecho-deber que tiene el Estado, a través de sus organismos de proveer y custodiar a la salud pública".

También afirmó que en toda la investigación en farmacología clínica deberá prevalecer el bienestar de las personas sometidas a los estudios y que dicho predominio se mantendrá aún por sobre los intereses de la ciencia y la comunidad.