El pasado 28 de julio, el pleno de la Corte Suprema de Chile revisó un hecho inédito para el Poder Judicial del país: un abogado había ingresado 38.477 escritos en tribunales civiles de todo el territorio nacional en menos de tres días, utilizando un sistema automatizado para tramitar en masa renuncias de patrocinio y solicitudes de desarchivo. El episodio no colapsó la Justicia por la sofisticación de la herramienta empleada, sino porque la infraestructura judicial no estaba preparada para absorber una carga masiva de esa magnitud. Ese es el centro real del problema que este caso, a mi parecer, plantea.

Un punto, además, requiere una importante precisión: no está confirmado que el abogado haya utilizado inteligencia artificial. Según se desprende de las reconstrucciones periodísticas del expediente, el propio profesional explicó al Call Center de la Oficina Judicial Virtual que recurrió a un “programa automatizado” para evitar el ingreso manual de miles de renuncias vinculadas a clientes corporativos que había dejado de representar. Algunos jueces plantearon la hipótesis de que se trataría de una herramienta de IA, pero esa determinación todavía depende del informe técnico que la Corte Suprema encargó al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Mientras ese informe no exista, referirse a automatización, y no a inteligencia artificial, es la caracterización jurídicamente correcta del hecho.

Por otro lado, la reacción institucional fue inmediata. La Corporación Administrativa bloqueó la dirección IP utilizada para el ingreso masivo, y el Comité de Jueces Civiles de Santiago envió un oficio a la Presidenta de la Corte Suprema advirtiendo sobre un uso abusivo de las herramientas tecnológicas y un eventual “abuso procesal”. Los magistrados fueron explícitos respecto de sus propias limitaciones: “No contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”, señalaron en el escrito. Solicitaron restringir el acceso del profesional a la plataforma, evaluar responsabilidades disciplinarias y, mientras no exista una política institucional clara, prohibir el uso de este tipo de herramientas para el ingreso de escritos.

Ese último punto es el que merece una lectura más crítica: los propios jueces solicitaron incorporar medidas tan elementales como un sistema CAPTCHA para evitar el ingreso masivo de escritos y la extracción automatizada de datos. Que una plataforma judicial a nivel nacional careciera de ese tipo de resguardos básicos en 2026 no es un detalle menor, es la evidencia de que la infraestructura tecnológica del Poder Judicial no evolucionó al mismo ritmo que las herramientas que sus propios usuarios, abogados litigantes, ya estaban incorporando a su ejercicio profesional. La discusión no debería agotarse en sancionar a quien encontró el límite del sistema, sino en preguntarse por qué ese límite no existía.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Chile había publicado apenas dos semanas antes, el 15 de julio, una guía sobre el uso de inteligencia artificial en el ejercicio profesional, incluida la representación judicial y la redacción de escritos. La coincidencia temporal resulta significativa, el gremio profesional avanzaba en fijar criterios de uso responsable mientras la infraestructura judicial todavía no contemplaba escenarios de automatización a esa escala. Esa asimetría entre un sector profesional que regula su propia conducta y una institución pública cuya infraestructura tecnológica llega después no es exclusiva de Chile, y este caso la expone con particular claridad.

El pleno de la Corte Suprema deberá resolver, una vez recibido el informe técnico, si mantiene las restricciones actuales, inicia procedimientos disciplinarios o directamente avanza en una regulación general sobre el uso de herramientas automatizadas y de inteligencia artificial en la tramitación electrónica de causas. Cualquiera sea el resultado, el episodio ya dejó una lección que excede a Chile: la capacidad de un solo abogado para saturar un sistema judicial nacional en menos de tres días no habla de lo poderosa que es la tecnología disponible hoy, sino de lo desactualizada que sigue estando la infraestructura judicial que debería contenerla.

Y ese diagnóstico no es exclusivo del caso chileno. A lo largo de la región, los sistemas judiciales conviven con la misma brecha: profesionales que incorporan herramientas cada vez más sofisticadas a su ejercicio cotidiano y plataformas públicas que, salvo excepciones, no fueron diseñadas para operar bajo esos volúmenes ni esa velocidad. Mientras esa modernización no llegue de manera sistemática, casos como el de Chile van a seguir repitiéndose, con distintos protagonistas y en distintas jurisdicciones, pero con el mismo origen de fondo.

Fuente consultada: Diario Constitucional - Corte Suprema revisa ingreso automatizado de más de 38 mil escritos que sobrecargó tribunales civiles