Con el fin de no afectar la operatoria normal de los operadores de bolsa, la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentra analizando la modificación a la estricta normativa que dictó a principios de este año sobre los operadores de bolsa.

Ante el reclamo de los agentes de bolsa, el Gobierno prevé flexibilizar los controles sobre las operaciones bursátiles, para lo que ampliaría el monto mínimo a partir del cual los inversores deberán justificar el origen del dinero.

Se estima que pasará de 200 mil a 300 mil pesos para la presentación de documentación respaldatoria, y de 40 mil a una cifra que aún no fue definida para la obligación de adjuntar una declaración jurada.

El incremento en el monto mínimo para la documentación respaldatoria busca que dicha cifra tenga correspondencia con la que fue fijada para el delito penal en la ley antilavado sancionado recientemente en el Congreso, mientras que el incremento en el monto límite para la presentación de la declaración jurada, pretende eliminar las operaciones que aparecen como poco relevantes para el control de lavado de dinero.

Según publicó el Cronista Comercial, dicha actualización sería en respuesta a los reclamos de los operadores, por lo que la lupa ya no estará puesta en cada compra o venta de acciones o títulos públicos del mercado, tal como lo había establecido la resolución 33/2011 de la UIF, sino cada vez que en el mercado se perciba como un “ingreso de fondos”.