La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dispuso la apertura de una investigación de mercado, en los términos del artículo 28 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), centrada en las actividades de distribución y comercialización de gas natural en Argentina. La medida fue adoptada tras una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, motivada por denuncias de consumidores y estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) sobre posibles distorsiones de precios y otras irregularidades en el mercado.
El procedimiento apunta a esclarecer eventuales ventajas indebidas de ciertas empresas del sector que podrían afectar la competencia en la provisión de gas natural, en particular en los segmentos de distribución y comercialización, sin incluir directamente a generadoras y transportistas. Según lo informado, el expediente se originó tras la detección de supuestas distorsiones en los precios y condiciones del servicio, incluyendo cuestionamientos al sistema tarifario denominado “mix de cuencas”, que determinaría la tarifa de transporte del gas natural y podría no reflejar los flujos actuales del mercado.
La apertura de la investigación no implica, por sí misma, la constatación de prácticas anticompetitivas ni la imputación de responsabilidad de agentes específicos. La ANC deberá recabar información, analizar condiciones de mercado y evaluar si corresponde avanzar en etapas formales de investigación que podrían derivar en imputaciones puntuales o recomendaciones regulatorias.
En ese contexto, es de esperar que la ANC envíe requerimientos de información a empresas que participen a lo largo de la cadena productiva de los mercados involucrados, cámaras empresarias y organismos públicos encargados de regular el sector.
La decisión de abrir una investigación de mercado en un sector clave de la economía argentina subraya la atención de la ANC sobre posibles distorsiones en mercados regulados, y destaca la importancia para los agentes económicos de monitorear su cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia y de colaborar con la autoridad en procedimientos de investigación.
Por Marcelo den Toom, Candela Berango e Ilan Soae
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