Freno a los aumentos sin control de las prepagas sin intervención del Estado Nacional

Acción de amparo contra Swiss Medical S.A. Declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 que habían derogado el artículo 5°, inciso g, y sustituyeron el artículo 17 de ley 26.682. 

 

La primera de las normas facultaba al Ministerio de Salud de la Nación (a través de la Superintendencia de Servicios de Salud) a “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” que propusieran las empresas de medicina prepaga (“los sujetos comprendidos en su artículo 1°”).

 

La segunda norma fue sustituida. En su redacción anterior, atribuía a la autoridad de aplicación el deber de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales” y de autorizar su aumento cuando estuviese “fundado en variaciones en la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”. 

 

Los artículos 267 y 269 del decreto impugnado suprimieron las potestades de control y sólo mantuvieron la posibilidad de las entidades de medicina prepaga de “establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”. (consid. 7°)
El aumento de la cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 fue del 110%.

 

cita el fallo “Cencosud” (Fallos: 349:769)

 

Declara la inconstitucionalidad "de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las
modificaciones en la ley 26.682 antes reseñadas" y continúa argumentando que "los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada “crisis económica y social del país” (consid. 9°).

 

 

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