El caso puede parecer de laboratorio. No lo es.
Un funcionario público se presentó a un concurso convocado por UTE a efectos de ocupar un cargo vacante. No obstante haber obtenido el máximo puntaje en el concurso, el Directorio del ente estatal resolvió apartarse del tribunal del concurso y anuló el llamado a aspirantes oportunamente convocado. El funcionario se sintió injustamente desplazado y optó por recurrir la decisión. La impugnación llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“el TCA”), que finalmente anuló la decisión del Directorio. Para dar cumplimiento a ésta última, el Directorio de UTE designó al funcionario en el cargo para el cual había efectivamente postulado. Excepto que lo hizo “hacia adelante”: esto es, no reconoció la diferencia de haberes que el funcionario habría generado durante los 5 años que mediaron entre la anulación del llamado y la efectiva y correcta provisión del cargo.
El funcionario optó por acudir nuevamente a la Justicia, ésta vez para reclamar los importes que entendía haber recibido de menos. Una vez más el funcionario emergió victorioso. Sin embargo, el problema se suscitó a partir de uno de los rubros que fueron objeto de condena: el daño moral. UTE entendió que se trataba de una indemnización emergente de la relación laboral, y en su virtud procedió a retener el IRPF correspondiente.
En un fallo dividido, nuestra Suprema Corte de Justicia (“la SCJ”) volvió a dar la razón al funcionario. En opinión de nuestro máximo órgano judicial, el IRPF grava -en lo que hace al presente caso-, las rentas emergentes de la relación de dependencia (o en ocasión de ésta última). En el caso -continuó la SCJ- la condena por daño moral no se generó en virtud del vínculo laboral empleado-UTE, sino en la falta de servicio de UTE, que impidió al funcionario acceder al puesto que le correspondía. En suma, en opinión del Alto Tribunal no hubo nexo causal entre la relación de dependencia laboral y el daño moral a ser compensado; éste no se generó por la actividad personal del funcionario ni en ocasión de la relación de dependencia, sino por la conducta ilegítima de la Administración.
Por Tamar Bergstein y Domingo Pereira
Opinión
Negri & Pueyrredón Abogados
opinión
ver todosKabas & Martorell
Gericó Associates
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten





















































































































