En 2020, el gobierno municipal de Ventimi-glia, una ciudad italiana de la Liguria, solicitó cinco obras en préstamo a Ivana Vio 1, una conocida escultora, para exponerlas pú-blicamente en una antigua iglesia desacrali-zada. La muestra formaba parte de una serie de exposiciones de obras de artistas italianos que luego serían enviadas para su exhibición en una feria internacional en Dubai.

Pero cuando la artista regresó a Ventimiglia a retirar sus esculturas, un funcionario muni-cipal le obsequió una guía turística de la ciu-dad. Al hojearla, descubrió que incluía una fotografía de sus cinco obras.

La fotografía había sido publicada sin su au-torización y, para colmo, sin mencionar su nombre.

La omisión resultaba particularmente llama-tiva porque en la misma página aparecían fo-tografías de obras de otros dos artistas, Mi-chelangelo Pistoletto y Giuseppe De Feo, cu-yos nombres sí habían sido consignados.

Para colmo, el nombre de la artista también había sido omitido de la lista de quienes ha-bían contribuido a la confección de la guía.

Además, ésta hacía referencia a una muestra inexistente, que nunca había tenido lugar.

La escultora reclamó al municipio, a la au-tora de la guía y a la empresa editora. Como no obtuvo una respuesta satisfactoria, inició una demanda por violación de sus derechos de autor.

Durante el pleito los demandados ensayaron varias defensas.

Sostuvieron que la fotografía no reproducía propiamente las esculturas, sino un aconteci-miento cultural de interés público; que las o-bras habían sido expuestas voluntariamente en un espacio abierto al público y que la guía que contenía la imagen cuestionada era ape-nas una versión preliminar, distribuida gra-tuitamente entre unas veinte personas.

Además, alegaron que en la versión definiti-va, destinada a la venta, se había eliminado la fotografía.

El Tribunal de Génova rechazó los argumen-tos centrales de la defensa y recordó que la generosidad del creador de una obra de arte no equivale a una renuncia a sus derechos 2.

En primer lugar, comprobó que la supuesta versión preliminar de la guía turística lleva-ba precio de venta, número ISBN 3 y una in-dicación de que su impresión había conclui-do en junio de 2020. Difícilmente podía con-siderársela un simple borrador.

Con respecto al código ISBN, el tribunal re-calcó que se trata de un código unívoco “u-sado para identificar un título o una edición específica de un libro de un editor en par-ticular, y que, si bien no es obligatorio, su empleo es esencial para introducir un pro-ducto editorial en los canales de distribución y su adjudicación se obtiene sólo cuando la obra está concluida”.

Pero el aspecto más importante de la senten-cia fue otro: el préstamo gratuito de una obra de arte para su exhibición no implica autori-zar su reproducción.

La ley italiana sobre derechos de autor reco-noce al creador el derecho exclusivo de re-producir su obra mediante cualquier procedi-miento, incluida la fotografía. (La ley argen-tina de propiedad intelectual contiene un principio idéntico).

La autorización otorgada por Vio se había li-mitado a permitir la exhibición temporal de las esculturas. No comprendía su reproduc-ción en una publicación turística.

Tampoco el carácter público de la exposi-ción autorizaba automáticamente a utilizar i-mágenes de las obras sin consentimiento de su autora. Para el tribunal, “no puede admi-tirse la tesis de que, tratándose de una mues-tra organizada en el ámbito de un contexto urbano y por la municipalidad, su carácter de evento público prive a los autores de las o-bras expuestas de los derechos que derivan de su explotación, en ausencia de una autori-zación”.

El tribunal examinó además la violación de los derechos morales de la escultora, protegi-dos por la misma ley; en particular, el dere-cho a reclamar la paternidad de la obra de arte. (También la ley argentina protege esos mismos derechos en cabeza de los artistas).

La ausencia del nombre de Ivana Vio, la re-ferencia incorrecta a una exposición inexis-tente y la presentación de sus esculturas jun-to a obras de artistas debidamente identifica-dos crearon, según los jueces, una confu-sión perjudicial para el reconocimiento de su autoría y su reputación profesional.

La artista había reclamado una indemniza-ción patrimonial de 20.000 euros, además del resarcimiento por daño moral.

El tribunal reconoció la infracción, pero con-sideró que no existían elementos suficientes para determinar el monto del perjuicio eco-nómico.

La existencia de un precio de tapa en la guía y la previsión de imprimir doscientos ejem-plares no permitían, por sí solas, cuantificar ese daño.

Distinta fue su conclusión respecto del daño moral. Teniendo en cuenta la trayectoria y el reconocimiento internacional de la escultora, así como las circunstancias de la publica-ción, fijó una indemnización de 10.000 eu-ros, a cargo solidariamente del municipio, la autora de la guía y la empresa editora.

También los condenó al pago de las costas judiciales.

La sentencia contiene una enseñanza que excede el caso concreto.

Los artistas suelen colaborar generosamente con museos, municipios e instituciones cul-turales, prestando sus obras para exposicio-nes y actividades públicas. Pero esa colabo-ración no autoriza a los organizadores a dis-poner libremente de los derechos intelec-tuales de sus creadores.

Una cosa es permitir que el público contem-ple una obra. Otra, muy distinta, es autorizar que se la reproduzca.

Y una tercera, elemental, es reconocer quién la creó.

La cultura se beneficia con la generosidad de los artistas. Lo que no puede hacer es confín-dir esa generosidad con una renuncia a sus derechos.