La Corte Nacional Electoral de Bolivia decidió suspender el referendo nacional que había sido convocado por parte del presidente de dicho país, Evo Morales, mediante el cual se pretendía ratificar o rechazar un nuevo proyecto constitucional. Los magistrados que componen el Máximo Tribunal boliviano, adoptaron tal medida por considerar que según lo establecido en la Constitución Nacional, debe ser el Poder Legislativo el encargado de aprobar dicha convocatoria, debido a que el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado para convocar a un referendo. Por su parte, el presidente boliviano había decidido llamar a un referendo para poder introducir las modificaciones al texto constitucional a través de un decreto, debido a que los partidos de la oposición controlan el Senado de dicho país, por lo cual sería rechazado el proyecto impulsado por el primer mandatario. Como consecuencia de la falta de acuerdo existente en la Asamblea Constituyente, no fue posible llegar a una Constitución de consenso, por lo cual, según el criterio manifestado por el presidente boliviano, lo conveniente sería que la población sea quien dirima la cuestión, ante la falta de acuerdo existente entre las fuerzas políticas. Mediante dicha reforma constitucional, se permitiría  la reelección del mandatario, a la vez, que su contenido buscaría un estado plurinacional y estatista.