La Corte Suprema de Justicia aceptó expedirse en un amparo pedido por Catamarca contra la Nación, que pretende que la provincia devuelva $ 80 millones por fondos girados al sistema previsional, y convocó a una Audiencia Pública para debatir la causa en abril. El gobernador catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral deberá enfrentar con sus reclamos al ministro de Economía, Amado Boudou. Catamarca rechazó en la acción declarativa de certeza presentada ante la Corte la pretensión del Estado nacional de reclamarle a la provincia $ 80 millones, luego de haber denunciado el Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de 1995, dijeron fuentes de la Corte a El Cronista. Por el contrario, la administración de Brizuela del Moral planteó en junio pasado un reclamo en la Corte contra la Nación por la misma cifra, y además, que el Máximo Tribunal defina que en el futuro los jubilados de Catamarca sigan cobrando según las normas provinciales al momento de la transferencia, según estipuló el Convenio de 1995, y no con los parámetros de la ANSeS en la órbita nacional, explicaron las fuentes. La Audiencia tendrá lugar el próximo 28 de abril a las 10, y será el tercer encuentro con gobernadores que enfrentará el ministro Boudou en la Corte. Catamarca se sumó así a Córdoba y Santa Fe en el hecho de conseguir una Audiencia Pública para que enfrente a la Nación con sus exigencias. Córdoba fue la primera el año pasado, con una Audiencia que concluyó provisoriamente con una sugerencia de algunos ministros de la Corte para que las partes negociaran. Esas conversaciones avanzaron en los últimos meses de 2009, pero la provincia no llegó nunca a levantar su reclamo ante el Máximo Tribunal, como pedía Economía para avanzar en la negociación. El caso de Córdoba también se planteó por fuerte diferencias entre las partes por el financiamiento del déficit de la caja provincial de jubilaciones. Luego la Corte convocó a una Audiencia la gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, con Boudou, la que tendrá lugar el próximo miércoles. En la causa, Santa Fe pidió que se declare inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la ANSeS, establecido originalmente por tiempo limitado en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992. Santa Fe pretendió también que se declare la plena coparticipación de esos fondos, y que se ordene el reintegro de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los Compromisos Federales entre la Nación y las Provincias, el 31 de diciembre de 2005, hasta la fecha de efectivo pago. Fuente: Cronista.com