La iniciativa de ley supone que delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, sean incluidos en el sistema de juzgamiento de Juicios por Jurados.

“Si los funcionarios públicos son elegidos por los ciudadanos o bien son designados por quienes han sido elegidos por la voluntad del pueblo, este último, a través de personas desinsaculadas al efecto, tiene derecho a participar del juzgamiento cuando aquellos incumplen sus obligaciones”, manifestaron diputados del Frente Amplio Progresista, autores del proyecto.

Cabe señalar que en la provincia de Córdoba los delitos contra la administración pública comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa se encuentran contemplados en la institución de Juicios por Jurados. Esto no ocurre, por ejemplo, en Buenos Aires.

Según la iniciativa, los delitos tipificados en el Código Penal, Parte Especial, Título XI “Delitos contra la Administración Pública”, deberían ser competencia del Tribunal de Jurados.

Los autores remarcaron que “la participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y es necesaria para construir una democracia real”.