El Tribunal Superior de Sincelejo, capital del departamento de Sucre,  determinó que el Presiente de Colombia, Álvaro Uribe, debía ser arrestado como consecuencia de ser responsable del delito de desacato, al no cumplir con una sentencia de revisión de salarios de funcionarios de justicia. La insólita medida, que no sólo alcanzaba al primer mandatario colombiano, sino también a varios de sus ministros, fue rápidamente declarada improcedente por parte de la Corte Suprema de Justicia de dicho país. El mandatario, luego de tomar conocimiento de la decisión adoptada en su contra, comunicó que se sometería a las instancias judiciales, con el fin de evitar la mencionada sanción. Dicha medida, había sido adoptada como consecuencia de una querella iniciada contra el presidente colombiano, a raíz de que el mismo, no había dado cumplimiento a una sentencia que imponía la obligación de modificar los sueldos de los judiciales.