Cuando el problema no es la herramienta
En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó la resolución AC739-2026, en la que analizó la conducta de un abogado que presentó un escrito con referencias generadas mediante inteligencia artificial que no pudieron ser debidamente acreditadas en el expediente.
El caso no gira en torno a una prohibición del uso de IA. De hecho, la resolución no cuestiona la herramienta en sí misma. Lo que se analiza —y finalmente se sanciona— es la falta de verificación del contenido presentado ante el tribunal.
Parte de las citas incorporadas no existían o no podían comprobarse. Y ese dato, que podría parecer técnico, es en realidad el núcleo del problema.
El tribunal recordó algo que, en rigor, nunca dejó de estar vigente: quien firma un escrito asume la responsabilidad por su contenido. La tecnología puede asistir en la redacción o en la organización de información, pero el control final sigue siendo indelegable.
La decisión es relevante porque consolida una línea que empieza a verse con mayor claridad en la región. No estamos frente a un debate abstracto sobre innovación. Estamos frente a la aplicación concreta de los deberes clásicos del ejercicio profesional —veracidad, diligencia, lealtad procesal— en un contexto donde las herramientas generativas pueden producir textos plausibles, pero no necesariamente correctos.
Y ahí aparece el punto sensible: los sistemas de IA pueden “inventar” precedentes con apariencia verosímil. No lo hacen con intención, pero lo hacen. Frente a eso, el estándar profesional no se flexibiliza; se reafirma.
La resolución colombiana no introduce una regla nueva. Más bien recuerda una regla básica: el deber de verificar las fuentes antes de llevarlas a un proceso judicial.
En definitiva, el caso colombiano deja un mensaje difícil de ignorar: la tecnología no atenúa la responsabilidad profesional, la expone.
Cuando una cita no existe, cuando un precedente no puede acreditarse, el problema no es algorítmico. Es profesional.
La inteligencia artificial puede acelerar procesos, ordenar información y facilitar la redacción. Pero no asume consecuencias, no comparece ante el tribunal y no responde disciplinariamente.
Quien firma, sí.
Y en un contexto donde los errores ya están teniendo sanciones concretas, el estándar es claro: usar IA exige más control, no menos.
Ese es el verdadero punto de inflexión para el ejercicio del derecho en esta nueva etapa.
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