Luego de que en el día de ayer se reglamentase la ley que termina con el sistema privado de jubilaciones, estiman que desde diversos estudios jurídicos cuentan con numerosos casos que se encuentran listos para iniciar las acciones judiciales, ya que la publicación de dicha normativa en el Boletín Oficial era la formalidad necesaria que restaba para que los aportantes al sistema de AFJP, pudieran iniciar la presentación de las acciones de amparo. De acuerdo a lo estipulado en la ley de amparo, a partir del día de ayer corre el plazo de quince días hábiles para presentar las demandas en los juzgados federales en lo contencioso administrativo. Si bien las estrategias que adoptarán los estudios jurídicos para llevar adelante el reclamo judicial difieren, existen ciertos puntos en los que todos coinciden. Entre ellos, plantearán la inconstitucionalidad de la ley que dispone la estatización de los fondos de las administradoras, por considerar que las mismas violan el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Las administradores de fondos de jubilaciones y pensiones, serán demandadas, así como sus directivos, en caso de que no defiendan los derechos de los afiliados, tal como fue dispuesto por la ley que creó dicho sistema privado de jubilaciones. Por otro lado, se estima que solicitarán la salvaguarda de los aportes que haya efectuado cada uno de los afiliados, con el fin de que los mismos no pasen a disposición del Estado hasta que no se haya resuelto la cuestión. En cuanto a las estrategias que llevarán a cabo los estudios jurídicos, se estima que algunos interpondrán medidas cautelares con el fin de que los aportes no pasen a la ANSES, transformándose en préstamos bancarios de difícil recupero. Otros, solicitarán que se mantengan las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización, pero en caso de que dichos fondos sean estatizados, que queden identificados los aportes de cada afiliado. Por su parte, las AFJP, aun no han presentado medidas judiciales con el fin de que no se traspasen dichos fondos, lo cual se estima que responde a unas estrategia de las administradoras, quienes esperan llevar a cabo las medidas al final del plazo de 15 días previsto por la ley de amparo, con el fin de conocer las acciones de sus afiliados. En caso de que las mismas no inicien dichas acciones, estarían incumpliendo el deber fiduciario que establece la ley.