La Cámara Criminal y Correccional Federal convalidó un allanamiento donde se secuestraron prendas de una joven que se negó a efectuarse las pruebas de ADN de manera voluntaria, con el fin de determinar su parentesco con personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Dicho procedimiento, había sido considerado como ilegal e inconstitucional por parte de la defensa de la joven, argumentando que se había producido un avasallamiento a los derechos de la supuesta damnificada, lo cual le significó un vejamen. Sin embargo, tal postura no fue compartida por los magistrados que componen la Sala I, quienes expresaron que "en modo alguno podía otorgársele un alcance tal al derecho de la supuesta víctima que implicase la anulación de los derechos de otros a conocer el destino de sus familiares sustraídos". En igual sentido, los magistrados Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, sostuvieron que no se constituyó un atentado contra la esfera de intimidad susceptible de ser invalidada, como consecuencia de la medida que dispuso la extracción de muestras de ADN con el fin de realizar  el estudio histocompatológico. Como resultado de ello, también fueron  avaladas las pruebas de ADN efectuadas, las que indicaron que existía un 99,5 % de compatibilidad entre la joven y las personas desaparecidas.