En el mundo jurídico circula desde hace décadas una frase conocida que suele repetirse en ámbitos académicos y profesionales: “el abogado en causa propia tiene un loco por cliente”. La expresión, atribuida a distintas tradiciones jurídicas, contiene una dosis de ironía, pero también una advertencia profunda sobre el ejercicio profesional.
La idea que subyace a esa frase es sencilla. El abogado que decide litigar en causa propia —es decir, aquel que asume personalmente la conducción del proceso en el que él mismo es parte— corre el riesgo de perder una de las herramientas más valiosas de su profesión: la distancia crítica frente al problema jurídico.
Quien ejerce la abogacía sabe que gran parte del trabajo consiste en analizar situaciones complejas con objetividad, evaluar riesgos, ponderar alternativas y tomar decisiones estratégicas con la mayor serenidad posible. Esa capacidad de análisis desapasionado es, en definitiva, lo que permite al abogado construir una estrategia jurídica razonable para su cliente.
Sin embargo, cuando el propio abogado se convierte en parte del conflicto, ese equilibrio se vuelve difícil de sostener. Las emociones, las expectativas personales y la propia percepción de la injusticia sufrida pueden interferir —aun de manera inconsciente— en la evaluación jurídica del caso.
No se trata de una cuestión de conocimientos técnicos. Un abogado puede dominar perfectamente el derecho aplicable a su situación y, aun así, tener dificultades para analizar su propio conflicto con la misma claridad con la que examinaría el problema de un cliente.
En ese contexto, la famosa frase adquiere pleno sentido: el problema no es la capacidad profesional del abogado, sino la inevitable pérdida de objetividad que puede producirse cuando se superponen el rol de litigante y el rol de parte en una causa propia.
Por esa razón, muchos profesionales experimentados recomiendan que, cuando un abogado enfrenta un conflicto personal que requiere intervención judicial, delegue la conducción del caso en otro colega de confianza. Esa decisión, lejos de representar una debilidad, suele ser una muestra de madurez profesional.
Delegar la representación jurídica implica aceptar que incluso quienes estamos entrenados para analizar conflictos ajenos podemos necesitar una mirada externa cuando nuestros propios intereses están en juego. Un colega que observe el caso desde afuera podrá evaluar con mayor claridad la viabilidad de las pretensiones, identificar riesgos procesales y adoptar decisiones estratégicas sin la carga emocional que naturalmente acompaña a quien es parte en el conflicto.
Además, la delegación permite recuperar algo que el abogado que litiga en causa propia suele perder: el espacio mental necesario para tomar decisiones con serenidad. Cuando otro profesional conduce el proceso, el abogado involucrado puede volver a ocupar el lugar de cliente, concentrándose en aportar información relevante y confiar en el criterio técnico de quien lleva adelante la estrategia.
Por supuesto, esta decisión requiere un grado significativo de confianza profesional. Para quienes somos particularmente autoexigentes o acostumbrados a controlar cada detalle de nuestro trabajo, delegar la defensa de los propios intereses puede resultar un ejercicio complejo. Implica aceptar que otro colega tomará decisiones procesales, definirá estrategias y representará nuestros intereses ante los tribunales.
Sin embargo, justamente allí aparece uno de los signos de mayor madurez en el ejercicio de la profesión: comprender que la mejor estrategia jurídica no siempre consiste en asumir personalmente la conducción del conflicto, sino en elegir al profesional adecuado para hacerlo.
En definitiva, delegar una causa propia no implica renunciar al criterio jurídico personal ni abdicar del conocimiento técnico que todo abogado ha construido a lo largo de su carrera. Implica, más bien, reconocer con honestidad profesional que incluso quienes estamos entrenados para analizar conflictos ajenos podemos perder claridad cuando nuestros propios intereses se encuentran directamente involucrados. La madurez en el ejercicio de la abogacía también consiste en saber identificar ese límite y aceptar que, en determinadas circunstancias, la mirada externa de un colega puede aportar la distancia crítica que uno mismo ha perdido. Confiar en otro profesional para conducir un proceso propio no es un gesto de debilidad, sino una decisión estratégica que permite preservar la objetividad del análisis jurídico y mejorar, en definitiva, las posibilidades de alcanzar un resultado razonable en el conflicto. A veces, la mejor forma de defender un caso es no ser quien litigue en causa propia.
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