El pasado viernes, el regulador federal de Estados Unidos supervisado por Fannie Mae y Freddie Mac demandó a las mayores instituciones financieras del país por  pérdidas causadas a raíz de bonos respaldados por hipotecas de alto riesgo, que contribuyeron al colapso hipotecario hace casi tres años.

La Agencia Federal de Financiación Inmobiliaria (FHFA, por sus iniciales en inglés) argumentó que en 2008 las firmas de Wall Street vendieron casi $200 billones de dólares en préstamos hipotecarios sin haber revelado debidamente los riesgos de las transacciones. De esta manera, la Agencia presentó sus pretensiones en los tribunales federales y estatales de tres jursidicciones y en ellos acusa a los bancos de haber violado varias leyes federales de títulos rentables.

Así, estas demandas que podrían sumar miles de millones de dólares, se consolidan como un fuerte indicio de cómo la situación legal que sobrevino a la crisis hipotecaria sigue generándole a los bancos una ola de consecuencias y obligaciones.

Dentro del grupo de los 17 bancos afectados, los más grandes ya están buscando resolver las controversias sobre los bonos a través de acuerdos con los procuradores generales de los 50 estados y esperan arribar a negociaciones beneficiosas que los resguarde de futuros litigios. Lo cierto es que estas negociaciones ocurren dentro de un marco muy desfavorable para los bancos, a pesar de lo cual es dable pensar que llegarán a acordar porque cuentan con muchos estímulos para procurar un consenso que les evite pérdidas ulteriores.