Fallos
Lunes 13 de Abril de 2009
Efectos que Podría Producir Fallo de la Corte sobre los Monotributistas Contratados por el Estado
La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de la Nación en el año 1995, donde se rechazó el pedido de resarcimiento por despido efectuado por un contratado de la Ciudad de Buenos Aires, podría cambiar con la decisión que el Máximo Tribunal adopte en un caso donde se analiza la desafectación sin indemnización de un monotributista que trabajó más de ocho años contratado por el Estado.
En el caso que se encuentra analizando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual podría tener repercusión en 35 mil personas que se encuentran contratadas por el Estado, un auditor que había trabajado durante más de ocho años para la Auditoría General de la Nación contratado bajo la figura de la locación de servicios, fue desafectado sin recibir indemnización.
El juez interviniente en primera instancia había rechazado el reclamo efectuado, tras considerar que el monotributista había aceptado las condiciones al firmar los sucesivos contratos con la AGN.
Luego de la apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, falló en sentido contrario, otorgando razón al reclamante, lo cual fue apelado por la AGN ante la Corte.
La Corte decidió llevar a cabo una audiencia pública con el fin de escuchar las diferentes posturas al respecto, teniendo en cuenta la repercusión del presente caso, ya que en la actualidad más del 20 por ciento de los empleados administrativos del Estado Nacional se encuentran en la misma inestabilidad laboral, a pesar de la estabilidad asegurada al empleado público por parte de la Constitución Nacional.
Los contratos de locación de servicios fueron generalizados durante la década del noventa, donde se contrataban a monotributistas, lo cual sólo debería ser utilizado para personas que efectúan trabajos eventuales, según sostuvo en la audiencia pública el director del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Matías Cremonte.
De acuerdo a lo expuesto por Cremonte, en la actualidad se calcula que 35 mil personas trabajan para el Estado Nacional en dicha situación, sobre las que tendría repercusión la decisión que la Corte adopte en el Caso Sánchez, debiendo las mismas ser regularizadas por parte del Estado en caso de que exista un pronunciamiento favorable a su pedido.
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