El principal problema que tiene la justicia española no es el dictado de sentencia, sino la ejecución de ella por parte de los juzgados y tribunales. Es allí donde se produce el mayor colapso del sistema.

Los datos son contundentes: según un informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia del 2013, el 54,27 por ciento de las sentencias no se ejecuta en el plazo que debería.

Este hecho, que produce altos niveles de descontento y frustración entre los ciudadanos, se encuentra lejos de solucionarse ya que se ha experimentado un aumento del 2,4 por ciento respecto a los datos del mismo estudio correspondientes al año pasado.

El retraso mencionado se produce específicamente en el fuero civil y contencioso, pero no en el penal. El informe explica que este punto fue tradicionalmente uno de los peores indicadores de la actividad de la justicia española.

En el 2010 se intentó modificar esto de forma poco fructífera a través de la reforma procesal que trasladó una parte de las competencias en la ejecución de sentencias a los secretarios judiciales.

Ahora se encuentra en tramitación una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual tiene como objetivo principal atacar el problema del atasco en las ejecuciones mediante nuevas competencias en esta materia a los procuradores.