Las primeras audiencias del pleito entre Argentina y Uruguay en la Corte Internacional de Justicia se celebraron en junio de 2006, apenas un mes antes del Mundial de Alemania. Nadie en los numerosos equipos de ambas cancillerías se dejó distraer un segundo por la cuestión del fútbol, excepto un abogado contratado por Montevideo -el estadounidense Paul Reichler- que, muy orondo, gustaba de lucir una camiseta celeste con el número 9 en la espalda cuando llegaba al hotel de regreso del Tribunal. Cuatro años más tarde -o, lo que es lo mismo, una Copa del Mundo después- el caso de las papeleras entró en etapa de definiciones. Es preciso resistir a la efervescencia mundialista: a diferencia de lo que sucede en el fútbol, puede que La Haya no defina un ganador ni un perdedor. Y no sólo porque la sentencia de mañana podría interpretarse bien como un empate. Los ministros de Relaciones Exteriores de los dos gobiernos, Jorge Taiana y Luis Almagro, ya adelantaron que quieren tener una reunión tras escuchar el veredicto en Holanda para empezar a analizar cómo recomponer las relaciones bilaterales. Esa puede ser una buena foto: los dos cancilleres estrechándose las manos con el imponente Palacio de la Paz como escenario. Cuando Argentina presentó la demanda contra Uruguay, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez ni se dirigían la palabra. Sus sucesores, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, aprendieron que plantear este asunto en términos de victoria o derrota es, a esta altura, inconducente e innecesario. Los dos mandatarios también tienen en agenda un encuentro más allá del fallo. “El reclamo por las papeleras es una causa nacional”, había dicho el ex presidente Kirchner en mayo 2006, ante una muchedumbre en el Corsódromo de Gualeguaychú, al anunciar su decisión de llevar este caso a La Haya. Muchas cosas han cambiado desde entonces: entre quienes aplaudieron la decisión estaba el gobernador de Mendoza, Julio Cobos, en fase de enamoramiento kirchnerista. Menos vueltas han dado en estos cuatro años los asambleístas, que –aun aislados políticamente– siguen cortando el puente que desemboca en Fray Bentos. El ex presidente deberá explicar alguna vez qué fue exactamente lo que lo llevó a trasladar a 12 mil kilómetros de distancia una discusión que pudo quedarse en el Río de la Plata. Hasta acá, Argentina le pidió a la Corte de las Naciones Unidas una medida cautelar –que se suspendiera la construcción de la planta de celulosa– y se lo rechazaron por 14 votos contra 1; en 2007, Uruguay solicitó otra medida provisional –a propósito de los piquetes en el paso internacional– y se lo denegaron con la misma contundencia. Muy similar a un empate. Mañana terminará el proceso con la decisión de fondo. Lo que Argentina pretende es que se declare la responsabilidad internacional de Uruguay por la supuesta violación de un tratado común –el Estatuto del Río Uruguay– firmado en 1975 para la preservación conjunta de estas aguas limítrofes. Según el equipo que comanda la consejera legal Susana Ruiz Cerrutti, el Estado uruguayo habría decidido de manera unilateral sobre la utilización de ese recurso compartido sin someter su iniciativa a los mecanismos de consulta previstos. ¿Qué es la responsabilidad internacional? Un Estado es internacionalmente responsable cuando lleva adelante una conducta ilícita –activa u omisiva– derivada de determinadas obligaciones. Con una declaración semejante, el Gobierno argentino aspira a que Uruguay sea condenado a reparar los daños sufridos como consecuencia de la pastera; si es necesario, mudando o clausurando la planta. De acuerdo al último boletín de prensa de la Corte, el anuncio de la sentencia lo formulará en inglés el presidente en ejercicio del tribunal, el eslovaco Peter Tomka. A las 3 de la tarde (las 10 del Río de la Plata), un ujier –traje de moño y medallón plateado sobre el pecho– entrará a la imponente sala de audiencias por una puerta lateral de madera oscura, invitará al público a pararse y dará paso a los 15 jueces. Tomka, semicalvo y con anteojitos, es el más joven de todos. Nunca hubo evidencias concretas de que la planta de la finesa UPM (ex Botnia) fuera efectivamente contaminante. De cualquier modo, no se conocen sentencias de La Haya tan contundentes como la pretensión argentina. El Tribunal sí suele enfatizar en el concepto de buena fe internacional, un principio rige la convivencia entre los Estados. En este marco, los jueces bien podrían mandar a ambos países a cumplir sus obligaciones, a que recurran a los procedimientos fijados por el Estatuto o a que establezcan nuevos mecanismos de consulta. Si fuera así, cualquiera de los dos podría interpretar un fallo así como una victoria; si no, el diálogo bilateral debiera terminar de recomponer la relación. Para pensar en ganar o perder, mejor esperar lo que queda hasta la Copa de Sudáfrica. Fuente: Cronista.com