Por Gustavo G. Regner BDO Becher Últimamente varios países han iniciado una campaña para prevenir nuevos eventos fraudulentos como los de inicios de década, y requieren a las empresas un informe sobre la adecuación y eficacia de su sistema de Control Interno. Sin embargo más y más regulaciones parecen no frenar la creciente ola de fraudes. Tal es la situación que una coalición de abogados, que representan a unas 10.000 víctimas de Madoff de todo el mundo, ha sugerido la creación de una corte internacional que entienda en cuestiones de fraudes internacionales. Dentro de las compañías el panorama no es más alentador. La realidad económica hace que existan mayores incentivos para cometer fraudes, lo que se traduce en que éste, de acuerdo a lo esperado, aumente. Por ejemplo en el Reino Unido, el primer semestre del 2008 reportó pérdidas por fraudes por USD 1.200 millones, mientras que el mismo periodo del 2009 reflejaba USD 1.600 millones, esto es, un incremento de más de 30%. Según cifras de la ACFE, en USA se pierden al año unos USD 600.000 millones. En cuestiones de investigación, la SEC, en el primer semestre del año inició 224 pedidos formales de investigación, comparado con los 93 del mismo período del año pasado. Aun con estos datos, es difícil establecer cifras globales pues son pocos los países que llevan registros confiables sobre este problema. Existen organismos que miden los niveles de transparencia en los negocios, como por ejemplo, Transparency International, que en su informe del 2008 indicaba que Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia compartían la mejor puntuación y al final de la lista se ubicaba Somalia. A nivel regional, Colombia y Chile superan apenas la media de 5 puntos sobre 10, estando el resto muy por debajo de este parámetro. En Argentina, dependiendo de la encuesta que se lea, podremos situar el daño por fraude en $ 15.000 millones o $30.000 millones y lo habrían sufrido entre el 20% o el 80% de las empresas de nuestro país ¿Por qué semejante disparidad? Un dato aportado hace unos 4 años por la AFIP puede arrojar un poco de luz: una encuesta daba cuenta de que el 85% de los empresarios locales consideraba que el fraude era un problema significativo para las empresas en general, pero sólo el 32% reconocía que era un dolor de cabeza en sus propias organizaciones. En cuanto a la práctica fraudulenta más común, el robo de información se ubica al tope del cuadro, seguido por la sustracción de activos y la connivencia entre empleados y proveedores. Aquí el nivel de prevención es bajo y cuando se descubre son escasas las investigaciones y menos aun las que finalicen en causas judiciales, pues no está difundida la conciencia de que el fraude resulta muy caro a la empresa. Si sumamos regulaciones no aplicadas, responsabilidades de prevención y control no asumidas y defraudadores cada vez más osados obtenemos una combinación peligrosa para los negocios en nuestro país. Al comparar los niveles de pérdida con los márgenes de ganancia, entenderemos que prevenir y combatir el fraude debería estar fuera de toda discusión.