La distribuidora Metrogas tuvo que dar marcha atrás con la facturación del último bimestre, por una orden del Enargas que prohibió la emisión de las facturas con dos montos de vencimientos, que se correspondían con los consumos con y sin el subsidio que el Gobierno dispuso reducir pero la Justicia obligó a mantenerlo por el trámite inconstitucional con el que fue aprobado por decreto. Las facturas, que llegaron a distribuirse entre parte de los clientes de la empresa en Capital Federal y sur del Gran Buenos Aires, disponían que de optar por pagar el menor monto, la diferencia con el valor de la factura total (sin el descuento del subsidio) se acumulaba como deuda con vencimiento en 2020. Varios clientes llegaron a abonar esa factura, optando por el menor valor. Sin embargo, el Enargas obligó a dar marcha atrás con esa facturación y quiere obligar a los clientes a que si quieren beneficiarse de los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad del Cargo Gas aplicado por decreto 2067/2008, lo hagan presentándose a las oficinas comerciales de la distribuidora y expresamente pedir pagar con subsidio. Los usuarios que opten por no abonar el importe extra acumularán un saldo que, finalmente, terminarán pagando, porque “el Cargo Gas no está suspendido, está vigente hasta que la Justicia resuelva el tema de fondo”, advirtieron desde la cartera de Planificación que encabeza Julio de Vido. Por ahora, tanto en primera como en segunda instancia hay fallos que declaran la inconstitucionalidad pero el Gobierno aspira a llegar a la Corte Suprema para revertir las sentencias. El Cargo Gas fue dispuesto para financiar la importación de combustibles. Si bien el decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner en diciembre de 2008 acumula varias sentencias judiciales en primera instancia, la Corte Suprema aún no se expidió respecto del pedido de inconstitucionalidad por parte de entidades defensoras de consumidores y de la oposición. Desde Planificación Federal dan por descontado que el cargo extra será validado, pero, de no obtener el visto bueno judicial, los usuarios que hayan abonado la factura con aumento sumarán un saldo a favor para futuros pagos. Según estimaciones de Planificación Federal, más del 90 por ciento de los usuarios se inclina por pagar la factura sin hacer reclamos. La presión de Metrogas para renegociar el contrato sin levantar la denuncia ante el tribunal internacional CIADI no comenzó con el envío del doble cupón de pago en las últimas facturas. La semana pasada, la empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la falta de actualización tarifaria podría afectar los flujos de fondo necesarios para mantener operativa la compañía. Sin embargo, desde el Gobierno adjudican los problemas financieros de la empresa a deficiencias en el manejo administrativo. De optar Metrogas por entrar en cesación de pagos, el Gobierno tiene tomada la decisión de intervenir la empresa, tal como sucedió en diciembre de 2008 con Transportadora de Gas del Norte (TGN). Igual riesgo corre Autopistas del Sol (Ausol), de incumplir el lunes próximo con el pago de 1.150 millones de pesos de intereses de su deuda. En el caso de Metrogas, la deuda asciende a unos 250 millones de dólares y, de entrar en default, el Gobierno podría interferir para provocar un cambio de nombres en el directorio, una vez concretada la intervención. Fuente: Cronista.com