Por Pablo A. Pirovano
Pirovano & Bello Abogados

Nuestro sistema Republicano y Federal de gobierno nos impone derechos y obligaciones a quienes vivimos bajo el gobierno de aquellas personas elegidas por los ciudadanos que circunstancialmente administran la funciones de Estado.

Resulta también cierto que aquellas personas elegidas por el pueblo para ejercer las funciones de gobierno, poseen obligaciones superlativas en derredor del gobierno y administración de la cosa común. De tal suerte, estas personas se constituyen en servidores de la cosa pública y su accionar debe circunscribirse a cumplir con las leyes que reglamentan el ejercicio de sus funciones.

Pese a ello, sucesivamente tenemos imágenes de los funcionarios públicos dirigiéndose a la población tal como se tratasen de señores feudales o miembros de la nobleza, invocando –incluso a los gritos- su rango, como si se tratasen de credenciales que le posibilitan pasar por encima de las normas institucionalmente dispuestas por la ley.En definitiva, personajes cultores de una oligarquía decadente.

De tal modo, se ha llegado a la insólita situación para un sistema constitucional republicano y federal, que es tener normas dispuestas verbalmente, dignas de un tiempo pretérito más cercano a Platón que a Sócrates. La República ha dejado que personajes que son servidores públicos que deben atenerse al marco legal que rige sus funciones, se constituyan en amos y señores de la industria lícita del país, bajo amenazas ininteligibles, que en el mejor de los casos, deberían ser respondidas con un buen puñetazo alverborrágico burócrata de turno que alega cumplir su deber, al mismo tiempo que no deja nada por escrito respecto a sus resoluciones.

Esta sucesiva cadena de situaciones más propias de una dinastía feudal que de una República Democrática y Federal, nos han llevado a la más absoluta decadencia moral entre los agentes de la economía argentina. Todo se reduce a la hipervaloración de la persona que posee la posibilidad –por proximidad del poder-de convencer al funcionario de turno que en un determinado negocio habrá de dejar una pingüe renta al Gobierno. Obviamente, con el relato que se trata de un servicio a la patria.

No importa ya, la libertad de ejercer una industria lícita ni la propiedad privada como bien preciado por el Constituyente a la hora de pensar la organización nacional. Basta ser parte o estar cerca de quien es parte del régimen que nos gobierna para obtener los beneficios de pertenecer a la Corte, que ni mas ni menos, es enriquecerse a costa de todo el resto de la población productiva del país.

Bastan pocos ejemplos para ilustrar a que me refiero. Por caso, la producción agropecuaria es por lejos la que mayor beneficio fiscal arrima al Gobierno, no obstante lo cual, la producción cárnica y lechera no cesan de decaer, la agrícola ha perdido diversidad y salvo la soja, el resto ha perdido inserción en los mercados mundiales, las economías regionales se encuentran en franca desaparición. Todo ello, durante el transcurso de la mejor década en 100 años para el sector agropecuario. En tal sentido, y aún siendo la actividad de mayor aporte a las rentas estatales nacionales, basta transitar por las rutas y caminos del país para advertir que a ese sector poco o nada le ha sido devuelto en obras. La casi totalidad de las rutas de la provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se encuentran en pésimo estado de conservación. Del mismo modo, no hubo una sola inversión en  el transporte de carga por ferrocarril, medio de transporte esencial para la industria agropecuaria y como contrapartida, se ha privilegiado el sostenimiento del transporte por camión (a todas luces más ineficiente) y de la línea aérea de bandera, gastando miles de millones de pesos, cuando por su intermedio es casi nulo el transporte de carga y solamente se transporta el 5% de la población argentina.

Otra muestra de la decidía y del manejo familiar de los asuntos gubernamentales esta dado por las obras de infraestructura energética, muy ligadas ellas a las encomiendas particulares que algunos servidores públicos han realizado en pos de mejorar la performance de ciertas empresas en particular. De esta forma notamos como ha sido devastada la producción de gas y petróleo, en pos de una política demagógica de tarifas y combustibles a precio de oferta, abandonando el autoabastecimiento y los mercados regionales  a quienes exportábamos energía, para pasar a ser importadores crónicos desabastecidos y dependientes de nuestros vecinos. No era necesario ser un experto en materia de Energía para advertir en el año 2006 que la situación a la que nos llevaba el gobierno del Presidente Kirchner era tarde o temprano terminal.

Una empresa como Petrobras que ha crecido a nivel mundial hasta ser la quinta petrolera en el ranking de exploración y explotación, habiendo adquirido PECOM  a precio de oferta, al analizar el panorama argentino, no tardó mucho en decidir la desinversión. Lo mismo ocurrió con Esso, cuyas raíces en el país llevaban casi un siglo. En el camino quedo Repsol-YPF, empresa cooptada por el Gobierno a través de sus especialistas en mercados regulados, quienes de un día para otro accedieron a créditos multimillonarios para comprometerse a pagar 2500 millones de dólares por el 25% de una Compañía. Estos personajes –hoy ilustres ausentes sin aviso-accedieronsin ninguna experiencia en el sector energético, a la conducción de la principal empresa del país, todo ello de la mano del Gobierno.

Vemos también que se destruyeron los servicios públicos: trenes de pasajeros en estado calamitoso, mediante política de pasajes regalados; colectivos y ómnibus de larga distancia en estado de quiebra si no fuera por los subsidios estatales; distribución de gas y energía eléctrica en franco decaimiento, sustentándose sospechosos fideicomisos que propician una suerte de empresas de economía mixta, donde el estado dispone del dinero y de las decisiones de inversión y el privado asume la responsabilidad de la conducción frente a los usuarios.

En suma, un Estado desquiciado, que solamente se ha preocupado por los negocios particulares de sus funcionarios y que ha abandonado al pueblo en lo que respecta al funcionamiento de los servicios esenciales, tales como la salud, la seguridad, la defensa, la justicia y la estructura energética y vial.

La reconstrucción de la estructura esencial de una Nación, hoy derruida y en estado de abandono, solamente es posible si sus lideres se comprometen, de una vez por todas, a dejar de lado la competencia basada en la destrucción del discurso y las propuestas del otro, para asumir una conducta de cooperación, en la que primordialmente cuente el debate de ideas acerca de aquellas políticas de estado que deben ser sostenidas en el tiempo, más allá del gobierno de turno.

Todo ello, es posible, dentro del marco institucional, incluso bajo el prisma electoralista que profesan nuestros lideres políticos.  Aquel partido político que comprenda, que es más beneficioso un desarrollo agroindustrial sostenido, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y una eficiente red de transporte público, que el asistencialismo, tendrá asegurado, por años, el apoyo de toda una nación. Con el beneficio extra de haber logrado cambiar la inercia de un país derrotado por no poder, no saber o no querer cambiar.

Se impone entonces, una necesaria organización nacional, que debe partir del regreso a las Instituciones básicas de la Nación, sin las cuales no hay progreso posible.

() El autor es abogado socio de P&BA.