Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia español, manifestó, junto a Fernando Román, secretario de Estado, y Juan Bravo, subsecretario, los aspectos fundamentales de los presupuestos para su ministerio en 2012.

De esta manera, afirmó que a pesar del recorte del 6,3% en su departamento para avanzar en el camino presupuestario y cumplir con el déficit, no se pondrá en peligro ninguna partida especial para el buen funcionamiento de la justicia.

En tal sentido, el ministro afirmó que “no se paralizará ninguno de los proyectos que ya están en marcha y se garantizan las reformas estructurales que llevaremos a cabo en esta legislatura”.

Por otro lado, el funcionario decidió reforzar la justicia gratuita y explicó que si bien se revisará el acceso a dicho sistema, no se bajará el umbral de renta que determina el beneficio a la mencionada colaboración.

Así, la asistencia gratuita –a partir del 2013- se financiará con lo recaudado por las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya suma puede ascender a los 300 millones de euros.

Con respecto a las tasas, Gallardón sostuvo que sólo se pagarán en segunda instancia y que, según él, “no debe tener el mismo coste el acceso a la tutela judicial efectiva que cuando se quiere una revisión de una respuesta que ya ha dado la Justicia”.

Por último y uno de los puntos principales de las declaraciones, fue el novedoso anunció del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, que exclamó la no convocatoria a oposiciones en la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013.

De esta manera y hasta ese entonces, los que salgan de la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos cubrirán plazas de interinos. “Evitaremos así crear más unidades judiciales que no vayan en línea con lo que se pretende con la nueva oficina judicial”, explicó Román.