Con el fin de modificar el Código Penal y la Ley 25.246, para avanzar en la lucha de lavado de dinero, y en sintonía con las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley.

La iniciativa presentada por el Gobierno Nacional contempla que el lavado de dinero sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente.

Según lo establecido en la Ley 25.246, para poder castigar el lavado de dinero resulta necesario demostrar la existencia de un delito precedente, en cuyo caso el lavado de dinero establece la pena de dos a diez años de prisión.

De esta manera, la iniciativa elaborada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, modifica la legislación actual que no contempla el castigo al denominado autolavado, ampliando el alcance del delito.

De acuerdo a lo explicado por el ministro de Justicia, Julio Alak, la nueva normativa otorgaría a la UIF la facultad para presentarse como querellante en procesos donde se investiguen estos delitos, promoviendo su intervención en los casos en los que aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

Por otro lado, la iniciativa incorporara nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que figuran los agentes o corredores inmobiliarios, las asociaciones mutuales y cooperativas, así como las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios.