El presidente y directores del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires fueron multados por incumplir una sentencia que había exigido el pago de haberes a una jubilada. En la causa en cuestión, a una mujer le había sido reconocido su derecho a la incorporación de una bonificación para el cálculo de su prestación previsional, ordenándosele en consecuencia al Instituto de Previsión Social (IPS) el pago de los haberes devengados por ese concepto más intereses. La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien consideró que se había configurado una desobediencia de la orden judicial por parte de la accionada, que no resultaba justificado. A fin de forzar el cumplimiento de la orden judicial, luego de resaltar que el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional así como la negación misma del Estado de Derecho, el juez determinó que correspondía imponer astreintes al presidente de esa dependencia y a los demás directores de la entidad, estableciendo mil quinientos pesos por cada día de demora. En tal sentido, dispuso el embargo de los sueldos de los correspondientes funcionarios para hacer efectiva tal medida.