Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la pesificación de la deuda pública, modificando la postura adoptada por dicho tribunal en 2005, parece haberse alentado el reclamo de bonistas quienes rearman su estrategia. En la causa donde el Máximo Tribunal había rechazado en voto dividido un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para anular una sentencia a favor de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), se le ordenó al Estado pagar en dólares al gremio la suma de un crédito a favor del mismo que había sido pesificada. Dicha decisión parece haber incrementado la esperanza de aquellos tenedores de títulos públicos que no ingresaron en el  canje, así como a los acreedores externos, quienes suman tenencias por más de 20 mil millones de dólares. Si bien algunos sostienen que no se trata de un fallo que haya sentado jurisprudencia, no siendo seguro que la presente sentencia se trasmita directamente a otros juicios similares, el fallo de Corte generó preocupación dentro del gobierno, sobre todo en momentos donde viene cuestionando el accionar de la Justicia. La reciente decisión de la Corte produciría la reactivación de numerosos juicios que a pesar de haber obtenido sentencia favorable en primera y segunda instancia, se encontraban paralizados luego de la sentencia emitida por la Corte en el caso Galli en 2005. Algunos sostienen que la reciente decisión de la Corte resulta contraria a la llamada Ley Cerrojo, según la cual se prohíbe pagar a tenedores que no ingresaron al canje de deuda, salvo que sea en condiciones más desfavorables que en dicha oportunidad. Otros sostienen que si el gobierno pierde la mayoría en el Congreso luego de una derrota en las elecciones podría caer la emergencia económica, la cual  impide que el Estado pague sentencias judiciales.