En el caso Razzini, Ernesto Genesio y otros contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 17 particulares se presentaron ante el Juzgado Federal de Río Cuarto para que se les habilitara la aplicación del ajuste por inflación a sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2012.
10 años más tarde de comenzada la causa, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de 10 de los demandantes y obligó al organismo tributario a admitir la presentación de estos particulares con el mecanismo de ajuste.
Por otro lado, los siete contribuyentes restantes experimentaron un revés legal ya que el Máximo Tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal de Córdoba y del juez de primera instancia que había aceptado la solicitud de los demandantes.
En su resolución, los magistrados remarcaron que la justicia no puede declarar como inconstitucional las normas que prohíben la aplicación del mecanismo de actualización de los montos en cuestión.
Además, consideraron que si la carga tributaria es confiscatoria, la justicia si puede hacer lugar al mecanismo de ajuste aunque, en este caso, los contribuyentes tienen que probar la existencia de la confiscatoriedad.
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