El gobierno nacional apeló un fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York, el cual permite cobrar a los acreedores que se negaron a tomar las ofertas de canje en la reestructuración de deuda en 2005 y 2010.

De esta manera, el ejecutivo argentino le solicitó a un tribunal federal de apelaciones que deje sin efecto las sentencias del tribunal inferior e impida que acreedores como Elliott Management Corp. puedan cobrar 1.400 millones de dólares por bonos que experimentaron el default de 2001.

Con respecto a la sentencia dictada por Griesa, las autoridades nacionales afirman que podría provocar una nueva crisis financiera en el país y socavar los acuerdos de deuda.

Por su parte, el fondo de inversión aclaró que un país como Argentina que cuenta con 46.000 millones de dólares en reservas de libre disposición tiene los recursos necesarios para pagar las obligaciones de deuda.

En este punto, la justificación nacional recae en que no es un trato de igualdad que a los tenedores de bonos en default se les otorgue el pago del interés completo mientras que los otros tenedores de bonos que aceptaron la deuda con grandes descuentos a través de ofertas de canje están recibiendo un pago único previsto en su pago de intereses reestructurados.

De esta manera continúan las disputas legales con los denominados “fondos buitres”, avalados por el juez estadounidense Griesa a través de la aplicación de la cláusula “pari passu”, la cual permite que un solo acreedor obtenga el cobro del monto en mora fuera del arreglo global al que haya arribado un país caído en insolvencia.