El incremento exponencial en los reclamos previsionales que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revela una ineficiencia estructural del sistema previsional argentino y una deficiente gestión estatal del conflicto.
Desde FORES venimos señalando que esta judicialización masiva no es responsabilidad del Poder Judicial, sino la consecuencia de decisiones que, sin solución de continuidad, durante las últimas administraciones, vienen sosteniendo una política de desconocimiento de jurisprudencia firme, obligando a los jubilados a litigar durante años para acceder a derechos ya reconocidos.
La reiteración de causas previsionales previsibles y evitables distorsiona el rol constitucional de la Corte Suprema, consume recursos escasos y retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia institucional. Al mismo tiempo, genera demoras incompatibles con la naturaleza alimentaria de los haberes y deteriora la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En términos comparados, la experiencia argentina constituye una anomalía: en otros sistemas, la litigiosidad previsional es baja y los conflictos se resuelven mayormente en sede administrativa, con mecanismos automáticos de actualización y cumplimiento inmediato de precedentes.
FORES sostiene que la solución es política y administrativa, no judicial. Entre las medidas necesarias merecen ser destacadas:
- el respeto administrativo inmediato de la jurisprudencia firme;
- mecanismos previsibles y transparentes de actualización de haberes;
- estrategias de descongestión que preserven el rol institucional de la Corte;
- y estadísticas previsionales integradas que permitan anticipar impactos fiscales y judiciales.
Persistir en la actual dinámica implica seguir utilizando al Poder Judicial como un mecanismo de ajuste indirecto, en perjuicio de los jubilados y de la calidad institucional. Una justicia eficaz comienza por una administración que respete el derecho vigente.
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