GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS (Resolución 928/SECTE/2026)

Mediante la Resolución 928/SECTE/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21 de agosto de 2026, la Secretaría de Trabajo y Empleo aprobó un procedimiento administrativo propio para la sustanciación de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), previstos en los artículos 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo 24.013. La medida tiene por finalidad establecer un ámbito institucional de negociación entre empleadores y representantes sindicales ante situaciones de crisis económica, tecnológica o de fuerza mayor que puedan derivar en despidos o suspensiones. La reglamentación constituye un avance en el ejercicio de las competencias locales en materia de relaciones laborales colectivas, aunque reconoce expresamente las atribuciones que conserva la autoridad nacional.

 

El procedimiento deberá tramitarse ante la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad cuando se verifiquen los presupuestos y umbrales establecidos por la legislación nacional. Su aplicación comprende a empleadores, establecimientos o relaciones laborales con asiento o desarrollo en el territorio porteño, sin perjuicio de los supuestos de competencia o avocación de la autoridad nacional. Podrá iniciarse a solicitud del empleador, de la asociación sindical con personería gremial o de oficio por la autoridad administrativa. La presentación se realizará mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), acompañando información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la nómina del personal potencialmente afectado y las medidas proyectadas.

 

La reglamentación contempla un trámite caracterizado por plazos breves, orientado a facilitar una solución negociada. La autoridad administrativa deberá verificar la admisibilidad de la presentación dentro de las 48 horas y convocar a una primera audiencia dentro de los cinco días. De no alcanzarse un acuerdo, se abrirá un período de negociación de diez días, durante el cual podrán requerirse informes complementarios, promoverse instancias conciliatorias y formularse propuestas alternativas. Desde la notificación del inicio del procedimiento y hasta su conclusión formal, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas, mientras que los trabajadores y sus organizaciones sindicales deberán abstenerse de adoptar medidas de acción directa. El incumplimiento de la prohibición por parte del empleador determinará la ineficacia de las medidas adoptadas y el derecho de los trabajadores afectados a conservar sus vínculos laborales y percibir las remuneraciones correspondientes.

 

Un aspecto particularmente relevante es la delimitación de competencias entre la Ciudad y el Estado nacional. La resolución establece que, cuando las medidas propuestas o los acuerdos alcanzados involucren directa o indirectamente quitas, reducciones o modificaciones de cargas que comprometan recursos nacionales, deberá darse intervención previa y directa a la autoridad laboral nacional, sin que la Ciudad pueda disponer de esos recursos ni homologar los acuerdos respectivos. En definitiva, la resolución no modifica los requisitos sustanciales del régimen previsto en la Ley 24.013 ni habilita por sí misma despidos, suspensiones o reducciones indemnizatorias, sino que organiza su tramitación administrativa en el ámbito porteño. Su importancia práctica reside en la consolidación de una instancia local de negociación preventiva, con potencial incidencia en la gestión de procesos de reestructuración empresarial y conflictos colectivos.

 

 

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