La mayoría de los diputados del Congreso dieron el visto bueno a la Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual contempla penas de hasta 15 años de prisión y multas por más de 25 mil dólares a las personas que roben teléfonos móviles y los comercialicen.

El partido opositor Encuentro por Guatemala es uno de los promotores de la nueva normativa, que tiene como objetivo principal disminuir los vastos hechos de violencia relacionadas con ese delito.

La ley contempla también penas de cinco a diez años de cárcel a aquellas personas que adquieran aparatos de “dudosa procedencia” y a los que alteren equipos terminales móviles.

Otro punto clave es la sanción a las personas que ingresen teléfonos celulares a las prisiones del país y a los privados de la libertad que utilicen estos artefactos para comunicarse.

Por otra parte, y respecto a las compañías de teléfonos que operan en el país, se estableció un plazo de tres meses – a partir de la entrada en vigencia de la normativa- para que se lleve a cabo un registro de todos los celulares ante la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Esta normativa es fundamental para la nación ya que, según un informe oficial, cada cuatro minutos se registra el robo de un teléfono móvil. En la mayoría de los casos, se observa violencia en el delito.