La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, firmaría un decreto por medio del cual se limita el traspaso de los afiliados a las obras sociales hacia las empresas de medicina privada, protegiendo de esta manera, la caja de las obras sociales que manejan los sindicatos. Si bien desde la CGT, inicialmente solicitaban la suspensión del traspaso a las prepagas, con el fin de evitar la pérdida de afiliados jóvenes con salarios altos, finalmente habrían dado su conformidad con la propuesta del Superintendente de Salud, Juan Rinaldi, según la cual se establece un mecanismo para hacer más complejo el trámite de traspaso. A través de dicha iniciativa, se aumentan las exigencias de antigüedad para poder realizar el traspaso, exigiendo un mínimo de seis meses para poder efectuar el traspaso, pero permitiendo el libre retorno a la obra social de origen. Por otro lado, se establece que en aquellos casos en que un trabajador emigre hacia una prepaga, parte de sus aportes serán retenidos por su obra social de origen, recibiendo la prepaga sólo el aporte correspondiente a un salario promedio de la actividad, en caso de que el aporte sea superior, la diferencia será retenida por la obra social.