En el día de ayer el Gobierno Nacional señaló que avanzará en varios frentes contra el trabajo rural clandestino. Entre las acciones se incluyó el impulso de un nuevo proyecto de ley que le otorgará más poder de policía para realizar fiscalizaciones en los emprendimientos agropecuarios sospechados.

El proyecto se presentará con el fundamento de la información publicada por el Ministerio de Trabajo: según sus cifras, la evasión previsional y laboral en el agro superaría el 60%, el sector con mayor nivel de trabajo informal. Para Tomada, titular de la cartera, de casi un millón de peones rurales, 600.000 estarían en condiciones irregulares.

La justificación del nuevo proyecto también radicó en los resultados de las últimas inspecciones en diferentes establecimientos donde se confirmaron situaciones graves en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.

Tal es así, que Tomada expresó que los empresarios agropecuarios deben ayudar a “erradicar la servidumbre a la que fueron sometidos centenares de trabajadores rurales en el país en las últimas semanas”, y donde se acusó a empresas como Nidera, Syngenta y Southern Sees Prod.

Sin embargo, desde la Mesa de Enlace, la oposición y el sindicato de trabajadores rurales (UATRE) se considera un avance dentro de la pelea entre el Gobierno y el campo. Aseguran que la situación laboral no es peor que en otros sectores y que existe un ensañamiento especial con los productores por el anuncio de más protestas contra la política agropecuaria oficial.

Asimismo, en la actualidad se sospecha, además, que otras de las grandes cerealeras que prestan sus servicios en la Argentina están en similar situación. Es el caso, según el oficialismo, de Cargill, Dreyfus y Bunge,entre otras, las cuales recibirán desde las próximas horas la atención de un cuerpo especial formado por el Ministerio de Trabajo.

En las mismas acciones se fiscalizará si las exportadoras cerealeras también tercerizan su producción para desligar responsabilidades legales sobre los peones rurales. La sospecha oficial: que las principales exportadoras de cereales del país subcontratan pymes para realizar el trabajo de recolección, con el objeto de quedar al margen de las legislaciones laborales.