Pocos objetivos congregan una adhesión más unánime que la abstracta idea de la innovación.

Todos los gobiernos se han encolumnado detrás de este objetivo y han intentado establecer políticas públicas que le aseguren a la Argentina un lugar en el podio de los países más innovadores. La Administración anterior creó en 2007 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y llevó adelante diversas iniciativas tendientes a cimentar una base científica innovadora local (repatriación de científicos, creación de una red de científicos en el exterior, creación del Polo Tecnológico). En igual sentido, la actual Administración también se manifestó a favor de la innovación y el desarrollo tecnológico como piezas fundamentales para el crecimiento  e inserción del país en el plano internacional.

Sin embargo, la unanimidad de opiniones en relación a la innovación sólo se limita al enunciado de la necesidad de transformar a la Argentina en un país verdaderamente innovador. A partir de allí, comienzan las desavenencias y abiertas contradicciones en cuanto a cómo alcanzar ese objetivo. Las políticas públicas, por su parte, no hacen otra cosa que acentuar las contradicciones entre el objetivo y los medios por los cuales se pretende alcanzarlo.

Tal vez el caso paradigmático de las abiertas contradicciones en materia de innovación pueda apreciarse con mayor nitidez en el terreno de las patentes de invención.

Las patentes tienen como función económica primordial la de incentivar la creación y el desarrollo tecnológico. Es decir, éstas son una pieza clave en el sistema de innovación pues permiten asegurar los frutos económicos y de esa manera recuperar la inversión realizada. En este sentido, la lógica indica que a mayor protección de los resultados de la innovación, mayor será la innovación a ser realizada. De esta manera, sería de esperar que frente a una fuerte política pública destinada a incentivar la innovación existiera también una equivalente y fuerte política pública de protección de esos resultados de aquella. No obstante esto, la Argentina tiene hoy uno de los sistemas más deficientes de protección de las innovaciones.

El marco normativo argentino de patentes se fue adecuando, a grandes rasgos, a los estándares internacionales hasta que en los años 2012 y 2015 la anterior Administración dictó dos regulaciones destinadas a limitar la patentabilidad de invenciones en las áreas farmacéutica y agro-biotecnológica respectivamente. Estas regulaciones hicieron de la Argentina, junto con Venezuela, el país más restrictivo del mundo al momento de proteger, vía patentes, los resultados de sus innovaciones farmacéuticas y agro-biotecnológicas.

Las consecuencias de estas regulaciones son múltiples. Por un lado, se produce la inmediata desprotección de las inversiones en innovación realizadas con fondos públicos. En este caso, resulta paradigmático el hecho de que la inmensa mayoría de las innovaciones realizadas por el CONICET en el área farmacéutica no resultan protegibles por una regulación emitida por el propio Estado, un claro caso de dilapidación de fondos públicos. También se puede mencionar el caso de “Pampita”, la primera vaca productora de hormona de crecimiento clonada en el país, la cual tampoco resulta patentable de acuerdo con la normativa interna.

Por otra parte, las regulaciones del 2012 y 2015 produjeron una inmediata reducción en el número de solicitudes de patente presentadas en la Argentina. En el período 2011-2016 se produjo una caída del 21% en el número de presentación de solicitudes de patente, mientras que México registró un crecimiento del 24%, Colombia un 13%, Chile un 4%, Perú una caída del 0.5% y Brasil también una caída del 2% (datos OMPI). Por increíble que parezca, hoy se presentan en Argentina menos solicitudes de patente que en las décadas del ’50, ’60 y ’70. La caída en el número de presentaciones de solicitudes de patente constituye la prueba de la caída en la inversión en innovación (principalmente en las áreas farmacéutica y agro-biotecnología), producto de la desprotección a sus resultados.

El estado actual de situación requiere de la inmediata eliminación de las regulaciones internas que desincentivan la innovación. No debemos esperar a que estas cuestiones formen parte de una negociación internacional (Mercosur-UE) pues es en el mejor interés del país contar con un adecuado marco regulatorio que tutele los resultados de la innovación siguiendo estándares internacionales, para de esa manera insertar a la Argentina en el mundo y lograr atraer inversiones que aseguren el crecimiento sostenido de nuestro país. De persistir por el camino actual no sólo no lograremos generar las condiciones necesarias para que la Argentina sea un país realmente innovador sino que continuaremos afectando negativamente la innovación actual.