El 25 de abril de 2023 se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones Nros. 363/23 y 364/23 (las “Resoluciones”) del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”), por las cuales se inició un proceso de Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica de jurisdicción nacional.
Las Resoluciones establecen que el ENRE elaborará, en un plazo de 30 días, las pautas y cronograma de desarrollo que regirá el proceso de RTI y autorizó, conforme lo previsto en el artículo 45 del Decreto N° 1398/92, la contratación de un grupo consultor independiente de reconocida experiencia en el sector para que prepare una propuesta tarifaria que sirva de base, junto con las que presenten las concesionarias, para establecer los nuevos cuadros tarifarios resultantes de la RTI.
Se cita, como antecedente para su dictado, la Ley N° 27.541, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la RTI entonces vigente, o a iniciar una revisión de carácter extraordinario y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1020/20, mediante el cual se optó por la primera de dichas opciones, disponiéndose la suspensión de los acuerdos vigentes y un plazo de dos (2) años para la concreción de su renegociación.
Por otra parte, aunque mencionan que el plazo previamente indicado fue prorrogado por un año más por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 815/22 hasta el 17 de diciembre de 2023, las Resoluciones también destacan que las RTI deben ser llevadas a cabo cada cinco años y que las últimas fueron realizadas en el año 2017, motivo por el cual se entiende necesario iniciar el proceso tendiente a aprobar nuevas revisiones a fin de adecuar los procedimientos, regulaciones e índices de calidad vigentes en la prestación de los servicios.
Es de esperar que el proceso tenga como objetivo final la normalización del sector, lo que, en caso de concretarse, redundará en que se restablezcan las condiciones de certidumbre sobre el alcance de los derechos y obligaciones de todos los actores del sistema, en beneficio también de los usuarios de los servicios públicos atendidos por estos servicios.
Por María Inés Corrá, Cristian Galansky y Marina Wagmaister
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