En pleno 2026, un tribunal de la provincia de Tucumán sancionó a una abogada por haber citado jurisprudencia que, sencillamente, no existía. El 2 de febrero de 2026, el Juzgado Civil y Comercial Común X Nominación de San Miguel de Tucumán, dictó la resolución en el expediente “O.F.C. C/ Booking.com Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”

El hecho, que podría parecer excepcional, empieza a repetirse con una frecuencia preocupante.

El tribunal no solo tuvo por no acreditadas las referencias invocadas, sino que además aplicó sanciones por temeridad y mala fe procesal, impuso una multa económica, dispuso la pérdida de honorarios y ordenó la apertura de un expediente ante el Tribunal de Ética profesional, consecuencias particularmente gravosas para la profesional involucrada.

El caso no es aislado. Antecedentes similares ya se registraron en Chubut y en Río Negro. Sin embargo, la diferencia con los episodios anteriores es clara: hoy el mensaje del Poder Judicial es más contundente que nunca. El uso irresponsable de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio profesional puede acarrear consecuencias graves, no solo procesales, sino también económicas y disciplinarias.

La inteligencia artificial no es, en sí misma, el problema. Por el contrario, bien utilizada, puede convertirse en una aliada valiosa para optimizar tareas repetitivas, ordenar información y ganar eficiencia en el trabajo jurídico cotidiano. Lo que permanece inalterable —y no debería estar en discusión— es que la responsabilidad profesional es indelegable.

Quien firma un escrito responde por su contenido. Quien presenta una pieza procesal debe verificar sus fuentes. Ninguna herramienta tecnológica sustituye el deber de control, el criterio jurídico ni la obligación ética de actuar con diligencia y buena fe.

Detrás de cada escrito judicial hay personas, expectativas legítimas y decisiones que pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes acuden al sistema de justicia. En ese contexto, la verificación de la información no es un detalle técnico ni una formalidad secundaria: es una obligación profesional y ética.

Desde Juztina, este es precisamente el eje de trabajo que guía el desarrollo de nuestras soluciones: utilizar la tecnología para optimizar las tareas diarias, siempre bajo control humano, con criterio jurídico y verificación real de la información. Esa es la diferencia sustancial entre una herramienta que potencia el ejercicio profesional y un uso automático que lo pone en riesgo.

Los fallos recientes no implican un rechazo a la inteligencia artificial. Son, más bien, un llamado de atención claro y necesario: la tecnología acompaña, pero el criterio profesional decide. Y la responsabilidad, como siempre, tiene nombre y matrícula.