La Aspiración Institucional

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid publicó el 7 de octubre de 2024 su Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía (1) . Un documento pionero, dicen. Riguroso, afirman. Necesario, coincidimos todos. El decano Eugenio Ribón lo expresó con claridad institucional: "La abogacía no debe limitarse a adaptarse al cambio: debe liderarlo."

La guía es el resultado del trabajo de catorce especialistas. Está fundamentada en el AI Act europeo, el RGPD y los principios de organismos oficiales. Propone un marco comprehensivo para integrar la IA "de forma responsable, transparente y conforme a derecho". Hasta aquí, impecable. El problema surge cuando uno lee entre líneas y encuentra la pregunta que el documento nunca formula: ¿con qué recursos?

El Mandato Imposible: El "Responsable de Despliegue"

La guía recomienda que cada despacho designe un "responsable de despliegue" de IA. Esta figura debe evaluar niveles de riesgo, garantizar trazabilidad, documentar decisiones, supervisar resultados y atacar posibles sesgos algorítmicos. Es decir, un rol que combina competencias técnicas en IA, jurídicas en protección de datos, estratégicas en gestión de riesgos y operativas en auditoría continua.

¿Cuántos despachos españoles pueden permitirse contratar —o formar internamente— a ese profesional híbrido? La respuesta es incómoda. Los grandes despachos internacionales que facturan €50 millones anuales, claro que pueden. Los boutiques de cinco socios que fatigan para cubrir nómina mensual, no. La guía no menciona esta realidad ni una sola vez. Como si la abogacía madrileña fuera un ecosistema homogéneo donde todos manejan los mismos recursos.

Aquí reside la primera tensión no resuelta: el ICAM propone gobernanza de primer nivel para una profesión estratificada donde el 70% de los colegiados trabaja en estructuras pequeñas o como ejercientes individuales. El documento habla de "protocolos internos de control", "auditorías periódicas" y "procesos de actualización continua" con la naturalidad de quien asume que todo despacho tiene un departamento de compliance. La realidad es más cruda: la mayoría de los abogados españoles están descubriendo Claude o ChatGPT mientras intentan facturar lo suficiente para mantener el despacho abierto.

El AI Act Como Excusa Regulatoria

La guía sitúa el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) como "piedra angular" de la adopción responsable. El AI Act, aprobado en marzo de 2024, apenas está comenzando su despliegue gradual. Sus obligaciones plenas no entrarán en vigor hasta 2026-2027. Pero la guía ya habla de él como si fuera una normativa operativa que todos deben cumplir ahora.

Esta anticipación regulatoria revela una paradoja. El ICAM actúa como si el AI Act estuviera siendo aplicado activamente por autoridades españolas, cuando la realidad es que ni siquiera existe todavía la Agencia Nacional de Supervisión de IA que debería fiscalizar su cumplimiento. La guía invoca fantasmas normativos para justificar exigencias de gobernanza que, en la práctica, adelantan años de compliance a una profesión que aún no terminó de entender el RGPD.

¿Es prudente? Quizás. ¿Es realista? No. La estrategia del ICAM parece ser: "mejor prevenir que curar, aunque la enfermedad aún no existe". El problema es que esa prevención tiene costos inmediatos —formación, contratación, sistemas de trazabilidad— mientras que los beneficios son especulativos y dependen de una fiscalización futura que nadie sabe cuándo llegará ni con qué intensidad.

La Formación Continua: Otro Mandato Sin Presupuesto

La guía dedica espacio considerable a la "necesidad de formación continua". Los abogados deben "comprender el funcionamiento de las herramientas que utilizan, evaluar su fiabilidad y sus límites, y promover una cultura de aprendizaje tecnológico". Recomienda "invertir en capacitación técnica" y "fomentar comunidades de aprendizaje que integren a juristas, tecnólogos, expertos en protección de datos y en ética de la IA".

Suena aspiracional. ¿Pero quién paga esa formación? El ICAM ofrece cursos, sí, pero son adicionales a las cuotas colegiales y tienen costos que oscilan entre €200 y €1.500 según la especialización. Un abogado junior que gana €24.000 brutos anuales, ¿debe invertir el equivalente a una semana de salario neto en formación sobre IA antes de usarla? ¿O debe usar IA sin formación y rezar por no cometer errores que comprometan su responsabilidad profesional?

La guía no aborda este dilema. Propone una utopía formativa donde todos los abogados tienen tiempo, dinero y disposición para convertirse en expertos en tecnologías emergentes. La realidad es que la mayoría aprende IA mediante prueba y error en casos reales, con los riesgos que eso implica. La brecha entre el deber ser normativo y el poder ser económico es, nuevamente, ignorada.

La Paradoja del Especialista

En un artículo anterior (2) , propuse la figura del "Ombudsman Corporativo de IA" como solución de gobernanza algorítmica para estudios jurídicos. Pero justamente sostuve que esa función requiere "formación legal sólida, complementada con especialización demostrable en regulación tecnológica y protección de datos, experiencia en auditoría de compliance, y comprensión técnica suficiente para dialogar con equipos de IT y proveedores de IA". Este perfil híbrido —abogado, auditor, tecnólogo— es escaso en cualquier mercado y, por tanto, costoso.

El análisis económico que acompaña esa propuesta incluye modelo externo versus interno, estructura de honorarios por retainer, y costos escalables. Todo esto deja claro que estamos hablando de estudios con presupuestos de compliance de seis cifras anuales. No es casualidad que el artículo se titule explícitamente "La Nueva Función Estratégica en Grandes Estudios Jurídicos". El énfasis en "grandes" no es retórico: es un reconocimiento de su clara implicancia económica.

Ahora bien: el "responsable de despliegue" que propone la Guía ICAM no es conceptualmente diferente de ese Ombudsman especializado. Ambos deben evaluar riesgos, garantizar trazabilidad, supervisar herramientas, actualizar políticas y actuar como interface con reguladores. La descripción funcional es prácticamente idéntica. Pero la Guía ICAM omite tres palabras críticas: solo para grandes.

La Paradoja de la Trazabilidad

La guía enfatiza repetidamente la necesidad de "documentar el uso de estas herramientas para poder justificarlo ante clientes o tribunales" y "asegurar la trazabilidad de los procesos". En términos técnicos, esto significa mantener registros detallados de: qué herramienta se usó, con qué finalidad, qué inputs se proporcionaron, qué outputs se generaron, cómo se validaron los resultados, y quién fue el responsable de supervisión.

Este nivel de trazabilidad es excelente desde el punto de vista de la responsabilidad profesional y la defendibilidad ante reclamos. Pero genera una carga administrativa significativa. Un abogado que antes redactaba un contrato en dos horas, ahora debe dedicar treinta minutos adicionales a documentar formalmente cómo usó IA en el proceso. Eso es un 25% de tiempo adicional no facturable —o facturable solo si el cliente acepta pagar por "gobernanza de IA".

La paradoja es evidente: la IA promete eficiencia, pero la gobernanza de esa IA consume parte de la eficiencia ganada. La ecuación económica solo cierra si: (a) el ahorro de tiempo por IA supera ampliamente el costo de documentación, o (b) los clientes aceptan pagar por compliance de IA como valor agregado. Ninguno de estos supuestos es universal. Para muchos despachos pequeños, la gobernanza perfecta puede anular las ventajas de productividad que justifican adoptar IA en primer lugar.

La Comparación Con las Guías Argentinas

El contraste con las guías del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y del Colegio de Abogados de Rosario (3) (4) es revelador. Las guías argentinas tienen un enfoque más modesto pero realista. Se centran en principios básicos: validar siempre el output, no ingresar información confidencial en plataformas externas, mantener responsabilidad profesional plena. Son guías diseñadas para abogados reales con recursos reales.

La guía ICAM, en cambio, aspira a convertir a la abogacía madrileña en un modelo de gobernanza algorítmica de nivel corporativo. Es ambiciosa, técnicamente sólida y normativamente impecable. Pero vive en un universo paralelo donde todos los despachos tienen presupuesto de compliance, donde la formación continua es accesible, y donde el AI Act ya está siendo fiscalizado activamente.

Las guías argentinas fueron escritas para la abogacía que existe. La guía ICAM fue escrita para la abogacía que el ICAM quisiera que existiera.

La Guía Como Espejo Aspiracional

Esto nos lleva al diagnóstico central: la Guía ICAM no es un manual operativo para la abogacía real. Es un espejo aspiracional que refleja la abogacía que el colegio quisiera ver. Una profesión donde todos tienen recursos para gobernanza de primer nivel, donde la formación continua es accesible, donde el AI Act ya está siendo fiscalizado, y donde contratar especialistas híbridos técnico-legales es una decisión de gestión prudente y no un lujo inalcanzable.

No es que la guía esté técnicamente equivocada. Es que habita un universo paralelo donde las restricciones económicas no existen o son superables mediante "buena voluntad" y "compromiso profesional". Este enfoque no es exclusivo del ICAM. Es endémico en documentos institucionales redactados por comités de notables que hace décadas dejaron de enfrentar las restricciones materiales del ejercicio profesional cotidiano.

¿Qué Debería Haber Dicho la Guía?

Una guía honesta habría incluido un capítulo sobre escalabilidad de gobernanza según tamaño del despacho. Algo así:

Para despachos grandes (50+ abogados, facturación €10M+):

• Contratar responsable de despliegue interno o externo
• Implementar sistemas de trazabilidad automatizados
• Auditorías trimestrales con informes al comité ejecutivo
• Formación obligatoria anual para todo el personal

Para despachos medianos (10-50 abogados, facturación €2M-€10M):

• Designar socio responsable de IA con formación específica
• Implementar protocolos básicos de documentación
• Revisiones semestrales de herramientas utilizadas
• Formación selectiva para usuarios intensivos

Para despachos pequeños (2-10 abogados, facturación <€2M):

• Adoptar checklist de buenas prácticas del colegio
• Documentar decisiones críticas de uso de IA
• Participar en formaciones colegiales subsidiadas
• Consultar asesoría colegial ante dudas específicas

Para ejercientes individuales:

• Seguir principios básicos: validar siempre, proteger confidencialidad, mantener responsabilidad
• Utilizar solo herramientas con garantías claras de protección de datos
• Buscar alianzas con otros colegiados para compartir costos de formación

Pero la guía no dice nada de esto. Porque reconocer que existen múltiples abogacías con múltiples capacidades económicas implicaría admitir que el mandato de gobernanza perfecta es inalcanzable para la mayoría. Y los colegios prefieren la aspiración universal a la honestidad selectiva.

El Costo Oculto del Virtue Signaling Institucional

Llamemos a esto por su nombre: virtue signaling regulatorio. El ICAM necesitaba demostrar liderazgo en IA ante la profesión, ante las autoridades europeas y ante sí mismo. Producir una guía técnicamente impecable, normativamente rigurosa y aspiracionalmente ambiciosa cumple ese objetivo. Que sea económicamente inalcanzable para el 70% de los colegiados es un detalle que se puede omitir mediante silencio estratégico.

El problema es que este virtue signaling tiene costos reales:

• Ansiedad profesional: Los abogados que leen la guía y no pueden cumplir sus recomendaciones experimentan culpa profesional. "Soy un mal abogado porque no tengo responsable de despliegue de IA."
• Brecha de legitimidad: Los grandes despachos pueden cumplir la guía y exhibirla como distintivo de calidad. Los pequeños no pueden, ampliando la percepción de brecha cualitativa que quizás no existe.
• Desconexión colegial: Los colegiados perciben al ICAM como entidad desconectada de sus realidades económicas, erosionando su legitimidad institucional.
• Parálisis por sobre-aspiración: Algunos abogados, abrumados por la complejidad de los mandatos de la guía, optan por no usar IA en absoluto, perdiendo ventajas competitivas reales por miedo a incumplir estándares inalcanzables.

La Pregunta que la Guía Nunca Formula

Volvamos a la pregunta inicial: ¿con qué recursos? La guía propone auditorías periódicas, trazabilidad completa, responsables especializados, formación continua y protocolos internos. El costo agregado de implementar todo esto puede oscilar entre €30.000 y €150.000 anuales según el tamaño del despacho.

La guía nunca pregunta: ¿están los despachos madrileños dispuestos a invertir eso en gobernanza de IA? ¿Pueden sus clientes absorber ese costo mediante aumentos de honorarios? ¿Existe evidencia de que esa inversión genera retorno tangible en términos de reducción de riesgos o captación de clientes?

Sin respuestas a estas preguntas, la guía es un ejercicio de ingeniería normativa en el vacío. Técnicamente perfecta, económicamente ingenua y operativamente inalcanzable para la mayoría.

Conclusión: Entre la Aspiración y la Realidad

La Guía ICAM no es un documento malo. Es un documento aspiracional escrito por expertos de primer nivel para una abogacía de primer nivel que representa una minoría de la profesión. Su principal defecto no es lo que dice, sino lo que omite: la viabilidad económica, la escalabilidad de soluciones y la honestidad sobre la estratificación de recursos en la profesión.

Si el ICAM quiere verdaderamente liderar la transformación digital de la abogacía española, debería publicar una segunda versión de la guía. Una que reconozca que existen muchas abogacías con muchas capacidades distintas. Una que ofrezca soluciones escalables en lugar de mandatos uniformes. Una que proponga que el propio colegio asuma parte de la carga mediante servicios centralizados subsidiados para colegiados de menor facturación.

Hasta entonces, la Guía ICAM seguirá siendo lo que es: un hermoso documento técnico que los grandes despachos implementarán, los medianos intentarán adaptar y los pequeños guardarán en un cajón con la esperanza de que nadie les pregunte por qué no cumplen sus recomendaciones.

La abogacía del futuro que el ICAM imagina es admirable. Pero el futuro no llega para todos al mismo tiempo ni con los mismos recursos. Y una guía que ignora esa realidad no lidera la transformación: simplemente documenta la brecha entre quienes pueden permitirse la gobernanza perfecta y quienes están demasiado ocupados sobreviviendo para preocuparse por auditorías trimestrales de compliance algorítmico.

El elefante sigue en la sala. Y su nombre es "costo".