Cada 29 de agosto, la profesión se detiene un instante a mirarse a sí misma. No es un feriado, ni una efeméride decorativa: es el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el jurista que -quizás más que ningún otro- entendió que el derecho no es un fin en sí mismo, sino el instrumento con el que un país decide qué clase de convivencia quiere darse.

Lo que Alberdi nos dejó

Alberdi escribió las Bases pensando en un país que todavía no existía del todo, y sin embargo tuvo la lucidez de imaginar sus instituciones antes que sus fronteras. Entendió algo que hoy, en el ejercicio cotidiano de la abogacía, se nos puede escapar entre contratos y plazos: que la ley no vale por su letra, sino por la certidumbre que ofrece a quien confía en ella. Su convicción de que la seguridad jurídica era condición de progreso -que sin reglas claras y estables no hay inversión, no hay trabajo, no hay futuro- sigue siendo, casi dos siglos después, el argumento más contundente a favor de nuestro oficio.

Alberdi no separaba al jurista del ciudadano. Para él, el abogado no era un técnico legal sino alguien con responsabilidad pública, incluso cuando su tarea diaria transcurriera lejos de los tribunales. Esa idea -la de que el ejercicio profesional tiene una dimensión que excede el interés del cliente- es, me parece, la enseñanza que más vale rescatar hoy.

Los desafíos que Alberdi no pudo prever

Ejercemos el derecho en un contexto que él no imaginó, y que cambia más rápido de lo que las normas pueden seguirle el ritmo. La inteligencia artificial promete -y por momentos empieza a cumplir- reemplazar tareas que hasta hace poco definían el trabajo de un abogado junior: la investigación, el primer borrador, la revisión documental. Esto no es una amenaza que deba negarse ni una promesa que deba idealizarse; es, simplemente, una transformación que exige de nosotros algo que las máquinas todavía no ofrecen: criterio, juicio profesional y responsabilidad por lo que se escribe y se firma.

A esto se suma una complejidad regulatoria creciente, la globalización de la profesión, clientes que exigen respuestas inmediatas que no siempre pueden darse sin resentir su calidad. La presión por la eficiencia -entendible y legítima en un mercado competitivo- puede empujar silenciosamente hacia atajos que la ética profesional no permite. Ahí es donde el oficio se pone a prueba: no en los grandes dilemas de manual, sino en las decisiones pequeñas y cotidianas que nadie audita pero que definen quiénes somos.

La ética como oficio, no como discurso

Se habla mucho de ética profesional en los papeles y poco en la práctica diaria. Pero la ética de un abogado no se mide en los grandes casos, sino en la honestidad con la que se le explica a un cliente un riesgo que preferiría no escuchar, en la firmeza para decir que no a un negocio mal armado, aunque sea rentable, en la transparencia con la que se factura un trabajo. Alberdi hablaba de instituciones fuertes; nosotros, los que trabajamos en el derecho de los negocios, construimos esas instituciones una operación por vez, un dictamen por vez, una negociación por vez. La reputación de la abogacía como profesión no se defiende con declamaciones el día del abogado: se defiende o se erosiona todos los días, en cada uno de los lugares donde la profesión nos encuentra.

El pro bono como devolución

Finalmente, al reflexionar sobre la profesión en esta fecha, conviene recordar que el conocimiento jurídico, por su propia naturaleza, no debería quedar reservado a quienes pueden financiarlo. La formación técnica que recibimos y la experiencia que acumulamos nos otorgan una herramienta de enorme valor. Esa herramienta puede ser legítimamente ejercida en el ámbito privado, pero también trae consigo una responsabilidad frente a quienes, sin asistencia adecuada, ven debilitada su posibilidad real de hacer valer sus derechos.

En ese marco, el trabajo pro bono no debe concebirse como una acción de relaciones públicas ni como una obligación accesoria de responsabilidad social empresaria. En su expresión más auténtica, es una manifestación concreta de la función pública de la abogacía: poner el saber jurídico al servicio de personas, organizaciones o causas que, de otro modo, difícilmente podrían acceder a una tutela efectiva de sus derechos.

Alberdi, que pensó el derecho como una condición de organización institucional y de progreso, probablemente habría reconocido en el pro bono una continuidad natural de esa tradición: la ley solo realiza plenamente su promesa de igualdad cuando el acceso a ella no depende exclusivamente de la capacidad económica de quien la necesita.

Una reflexión final en este día

No hay una sola manera de ser abogado, pero sí hay una forma de ejercer la profesión que la honra: con rigor técnico, con honestidad intelectual y con conciencia de que cada opinión, cada contrato, cada dictamen, cada escrito y cada silencio profesional pueden tener consecuencias que exceden al cliente que los motivó.

En este nuevo Día del Abogado, recordar a Alberdi no debería ser un gesto ceremonial, sino una invitación a preguntarnos qué hacemos, desde nuestro lugar, para que el derecho siga siendo una herramienta de orden, de libertad y de progreso. El prestigio de la abogacía no se hereda ni se proclama: se construye en la práctica diaria, con la misma seriedad con la que Alberdi imaginó las instituciones de un país que todavía estaba por nacer.