Varias ONGs de la sociedad civil desfilaron en las últimas semanas por el Congreso de la Nación para apurar la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública. Así, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Poder Ciudadano, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fueron recibidos por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, tanto de la cámara de diputados como de la de senadores. Hasta allí llevaron sus reclamos sobre los numerosos obstáculos que se presentan cuando requieren a algún organismo del Estado información que es de carácter público. Para avanzar, presentaron sus propias propuestas para una norma de acceso a la información pública.

Si bien en la Argentina desde 1994 este derecho se encuentra reconocido explícitamente en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales –que tienen jerarquía constitucional– este reconocimiento aún no ha sido acompañado por la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública. Durante los encuentros las organizaciones presentaron un documento con “recomendaciones para la elaboración de una ley nacional” coordinado por el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien hoy dirige los Programas de Transparencia y Justicia del Cippec.

Los puntos más salientes de las recomendaciones del documento al que tuvo acceso El Cronista son:

n Informalidad. El texto de la ley no puede dificultar el acceso a la información a partir del establecimiento de condiciones que luego impidan el ejercicio del derecho.

n Legitimación activa amplia. Es decir, que no se interpongan restricciones, tales como la necesidad de demostrar interés legítimo o dar cuenta de los motivos que alientan una solicitud de información.

n Establecimiento claro y taxativo de las excepciones.

n Definición precisa de qué es lo que se entiende por información pública.

n Establecimiento de una autoridad de aplicación autónoma y autárquica, para garantizar su independencia.

n Establecimiento de una autoridad receptora de denuncias y la habilitación de la vía judicial rápida para los casos de silencio, denegatoria o información incorrecta o incompleta.

Existen 20 proyectos de ley con estado parlamentario en el Congreso de la Nación. Mientras que en la Cámara de Diputados hay 14 proyectos de ley, en la Cámara de Senadores se presentaron 6.

Los diputados Graciela Camaño y Ricardo Gil Lavedra, titulares de la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, respectivamente, confiaron en que en menos de un mes habrá dictamen, para poder tratar un proyecto de ley de acceso a la información pública consensuado en el recinto de la Cámara baja, según informaron a este diario.
 

Fuente: Cronista.com