Los hechos de público y notorio ocurridos a consecuencia y en derredor de los llamados “Cuadernos K” pusieron bajo un interrogante la continuidad de las obras públicas a cargo de las empresas dirigidas por empresarios “arrepentidos”.

Las empresas son centros generadores de recursos, negocios, trabajo, utilidades y fundamentalmente configuran de por sí, un proyecto, para sus accionistas, directivos, empleados y proveedores. Es la empresa un bien defendible y tutelable. No parece posible un mundo, con el sesgo ideológico que fuere, sin empresas. Las hubo en la Rusia soviética y las hay en la China actual.

Pero los Directores y/o accionistas de las empresas alcanzadas por la ola de los “cuadernos” han incurrido en conductas que merecen y demandan del lado del comitente – el Estado Nacional – un análisis profundo, no solo frente a las obras en curso sino también para el futuro.

Directores y/o accionistas negligentes, complacientes o por omisión (cuando no directamente por acción) han cometido actos reprochables e inaceptables.

No parece posible imponer nuevas condiciones a esos contratistas para continuar las obras en curso, sin generar una contingencia legal en contra del Estado Nacional. Aunque puede intentarse buenamente.

Pero respecto del futuro la cosa es distinta.

Si el Estado Nacional encomienda a una empresa obras por valor de miles de millones de dólares – que en definitiva paga el contribuyente – esas empresas deben someterse a controles que vayan más allá del control que ejerce el comitente (el Estado). Empresas que pretendan encaminar obras públicas por encima de un monto determinado, deberían abrir su capital y cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Empresas con menor volumen de ventas; menos personal empleado; menos ganancias y con negocios muy lejos del Estado, deben presentar balances trimestrales; anuales; cumplir con el deber de información y transparencia; informando todo hecho relevante que pueda influir en la cotización de la acción; tener un comité de auditoría; comisión fiscalizadora y cumplir obligatoriamente con las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera); ni qué hablar respecto del deber de información de las transferencias accionarias del o los accionistas de control; además, toda esta información debe ser “subida” inmediatamente a la Autopista de Información Financiera (AIF) a cargo de la Comisión Nacional de Valores.

Cotizando en bolsa, estas empresas tendrán inversores institucionales que conocen el negocio tan bien como sus directivos; también tendrán pequeños pero agudos accionistas que analicen con rigor sus balances. Inversores que requieren información; opinan y exigen resultados. Ejercen así, indirectamente, un efectivo control sobre la empresa cotizante.

Inevitablemente esas empresas, en ese marco, deberán tener directores profesionales y también directores independientes que cuiden y miren no solo el interés del accionista, sino también la ética y conducta empresaria y el interés de empleados, acreedores y el fisco. Sin perjuicio, además, de la responsabilidad de las firmas auditoras. Todo esto, de haber ocurrido, hubiera dificultado cuando menos, los desmanejos, caos y faltantes – no dudo – existentes en las empresas mencionadas en los “Cuadernos K” y la desprejuiciada comisión de los delitos denunciados.

Aparentemente las ganancias de las empresas “arrepentidas” han sido considerables y aquí vale preguntarse: ¿es razonable que el Estado posibilite negocios de enorme magnitud a empresas cerradas, familiares, amigas del poder; y que tales ganancias provenientes de negocios solventados en definitiva por el contribuyente “queden” sólo en manos de unos pocos y desconocidos dueños de tales empresas?”. Cotizando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hasta el más humilde ciudadano podría haber participado de esas, en algunos casos, desmesuradas ganancias y sentirse parte del crecimiento que han tenido las empresas a las que me refiero.

Nótese que estos contratos administrativos tienen cláusulas exorbitantes (que no serían posibles en el derecho privado) y debe respetarse el equilibrio económico financiero que configura una garantía para el contratista, pues de no mantenerse este equilibrio ello importaría una carga publica para el contratista en beneficio de los administrados. Y si bien no debe confundirse este principio con una garantía de rentabilidad para el contratista, sí es una garantía de estabilidad del contrato que no existe en el derecho privado y configura un dato no menor al momento de prever ingresos futuros y ganancias futuras.

Si las grandes empresas contratistas no desearen abrir su capital social y cumplir con la condición – es una hipótesis – que establezca el Estado Nacional para ser contratista, entonces se invitará a empresas internacionales que constituyan una subsidiaria como lo hacen desde hace años atrás en nuestro país otras empresas multinacionales, en otros sectores. Es cierto que, aparentemente, la construcción es un servicio u obra no transable; existen barreras de entrada al negocio para quien viene de fuera de nuestro país. Pero no es menos cierto que los equipos, la ingeniería y la experiencia están en el país y no van a quedar parados ante la posibilidad de negocios.

Pero las grandes empresas constructoras de nuestro país pueden acreditar una trayectoria; capacidad técnica y resultados. Deberían ser atractivas para el mercado. El destino de la suscripción debería ser la capitalización de la empresa y no un ingreso de efectivo en el bolsillo del accionista. Y en definitiva, si el mercado no las viese atractivas y no pudieren por ello cotizar, ello no impediría ponerlas bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, debiendo cumplir con idénticas obligaciones a las que se someten las empresas cotizantes y dicha información debería tener idéntico grado de difusión.

Nuestro país se encuentra transitando un momento histórico que por estar inmersos en la compleja realidad actual, no podemos apreciar en perspectiva. La historia lo hará.

Estamos en una “hora plástica” que permite realizar cambios. Haciendo lo que hicimos en el pasado, no podemos esperar resultados diferentes a los ocurridos. Ningún sistema es perfecto – sino no hubieran existido Madoff o Enron – pero siempre es posible mejorar.

Algo hay que hacer.