El Secretario de Comercio Interior había llevado a cabo una denuncia penal contra una consultora privada para que se considere delito que la misma publique su propio índice de inflación.

Por su parte, el juez en lo penal económico número 6, Marcelo Aguinsky, afirmó que no era posible considerar la acción del centro de estudios Buenos Aires City como un delito penal.

Los abogados del funcionario recurrieron la sentencia del magistrado por “consideraciones arbitrarias y erradas”. Asimismo, la causa iría a sorteo para determinar si recae en la sala A o en la B de la Cámara en lo Penal Económico.

Según Moreno, la consultora privada habría violado el artículo 300 del Código Penal, el cual contempla el delito de “agiotaje” que prevé penas efectivas de entre seis meses y dos años de prisión.

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Nicolás Salvatore y la ex directora del área de Precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) Graciela Bevacqua son las máximas autoridades de Buenos Aires City, la consultora denunciada.