El juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, aseguró ayer que el delito de “desobediencia”, en el que supuestamente habría incurrido el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, está penado por el Código Penal con “15 días a un año de prisión”. El ministro del alto tribunal se refirió así a la actitud de Fernández de no ejecutar una decisión judicial que ordenaba poner en funciones a la lista ganadora en las elecciones del gremio de Aeronavegantes. Pero el ministro defendió su postura y le echó la culpa a la Justicia por haber dilatado durante tres años la resolución del conflicto por unas elecciones en el sindicato. Fayt hizo declaraciones a la prensa por la mañana. “El artículo 239 del Código Penal es el delito de desobediencia, que dice que el que desobedeciere una orden de autoridad competente, será penado con penas de 15 días a un año de prisión”, manifestó. Y agregó: “Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca”, evaluó. Y advirtió que “la Justicia tiene medios para poder solucionar las cosas. El país tiene que salir de la crispación”. La ministra de la Corte, Carmen Argibay, también ratificó los cuestionamientos que había formulado el miércoles sobre la actitud de Fernández. “Es preocupante que se ignoren las órdenes de los magistrados”, insistió, y alertó que “si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal”. Además, negó que los integrantes del máximo tribunal reciban presiones del Poder Ejecutivo, aunque admitió: “a lo mejor no les gusta algunas cosas” que hacen los jueces de la Corte. El jefe de Gabinete les respondió en una conferencia de prensa realizada al mediodía. “Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución”, Y aseguró que la intención oficial era evitar “enfrentamientos sangrientos”. Polémica La polémica que involucra a Fernández se desencadenó a partir del fallo del Juez José Sudera que ordenó el auxilio policial para desalojar a la actual conducción gremial y poner en su lugar a la otra lista que, según el magistrado, se alzó con la elección cuestionada celebrada tres años atrás. El jefe de Gabinete le ordenó a la Policía no acatar el fallo, lo que generó fuertes cuestionamientos contra su figura, incluido un pedido de moción de censura por parte de diputados radicales, sobre el cual prefirió no referirse ayer al mediodía en la conferencia. Fernández, sin embargo, explicó que esa decisión judicial “era de cumplimiento imposible” ya que había otro fallo del Tribunal 2 de Lanús en contrario y aclaró que “por esta razón decidimos que no podíamos intervenir”. El ministro dijo que el enfrentamiento entre las partes sindicales “es muy severo” y que si las fuerzas policiales intervenían “se habría generado un conflicto con muchos heridos”, e incluso “muertos” En el gremio de los Aeronavegantes, la asunción de las nuevas autoridades quedó suspendida por orden de la Cámara Laboral que convocó a las listas en conflicto y al ministerio de Trabajo para acercar posiciones y resolver esta situación que ya lleva tres años. Ayer a la mañana, la jueza Ferdman tenía previsto poner en funciones a la lista Celeste -opositora al sector de la embajadora en Venezuela Alicia Castro-, pero la decisión de la Cámara interrumpió ese acto judicial que se insinuaba tenso por el clima que reina en torno al sindicato. Desde la UCR, en tanto, el jefe del bloque se senadores, Gerardo Morales, juzgó como “el máximo del deterioro institucional” el supuesto incumplimiento de Fernández a la orden emanada por un juez. Fuente: Cronista.com