La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si le corresponde pronunciarse sobre la estatización de los recursos que estaban en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), y en caso afirmativo, deberán expedirse respecto de la constitucionalidad o no del acto por el cual el gobierno tomó los ahorros previsionales de quienes en su momento habían optado por el régimen de capitalización, el que fue eliminado por ley.

La Corte deberá decidir dicho tema a partir del reclamo presentado por Pablo Ariel Bossi, quien había solicitado la devolución de los montos provenientes de sus aportes jubilatorios obligatorios, los que en diciembre de 2008 fueron transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

El accionante había presentado un recurso de queja ante la Corte, luego de que fuese rechazado por parte de la Sala III de la Cámara Nacional de la Seguridad Social un recurso extraordinario para que la cuestión fuese elevada al Máximo Tribunal.

En un fallo dividido emitido en septiembre pasado, los mismos camaristas habían admitido la estatización de los fondos.

Los jueces Juan Poclava Lafuente y Néstor Fasciolo habían rechazado el pedido de Rossi, mientras que Martín Laclau, si bien hizo lugar a tal pedido, determinó tras aceptar que el Estado se hiciera cargo de la jubilación del aportante, que la ANSeS debía devolverle la diferencia entre el monto de su cuenta de capitalización personal y lo que habría correspondido a los aportes en caso de haber estado siempre en el sistema de reparto.

La defensa del accionante adelantó que en caso de que el reclamo fuese rechazado por parte del Máximo Tribunal, el asunto sería llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo ante el cual ya existen quejas por la falta de pago en tiempo y forma de los juicios que los jubilados le ganan a la ANSeS cuando demandan por mal cálculo o la falta de ajuste de los haberes.