Ezequiel Cassagne y Carlos Laplacette, del estudio Cassagne Abogados, patrocinaron a  Jorge Fontevecchia en una demanda por discriminación de parte del Gobierno nacional y una medida cautelar por gravedad institucional solicitando la nulidad de los decretos que declararon inadmisible la oferta del empresario de medios para crear los canales de televisión digital Perfil TV y Caras TV. Cassagne relató así los hechos a abogados.com.ar:

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿aportó un mayor pluralismo?

Con relación a la pluralidad, el problema no está tanto en la ley sino en la utilización que de ella hace la Autoridad de Aplicación. En los hechos no ha habido un mayor pluralismo porque la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) se ha manejado de una manera muy arbitraria en la concesión de licencias y las ha negado, por ejemplo, a los grandes medios independientes, incluidos Perfil y La Nación.

¿Qué actitud adoptó la Corte Suprema de Justicia ante el fuerte intervencionismo estatal introducido por la esa ley?

El caso más importante es el de Clarín. El Grupo Clarín obtuvo una medida cautelar que suspendió el artículo de la ley que lo obligaba a desinvertir. Esa causa llegó a la Corte Suprema, que convalidó la ley, pero expresamente sostuvo que la norma se desnaturalizaría si el órgano de aplicación no era independiente y no aplicaba la ley con criterios equitativos, respetando el trato igualitario, cuestión que como hemos visto en los últimos antecedentes de la Afsca. Ello no ha sucedido.

¿Qué ocurrió a partir del 27 de febrero de 2015, tras el dictado de la Resolución 39/2015 de la Afsca que aprobó los pliegos y el llamado a concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital abierta?

El caso más reciente, que ha sido judicializado, es el del Grupo Perfil. Se había presentado en dos concursos de televisión digital, tanto el titular, Jorge Fontevecchia, como sus padres, para dos licencias, y el Afsca utilizando un argumento formal inexistente, decidió rechazar por inadmisibles las ofertas. El argumento de la Afsca fue que las empresas en formación y los Fontevecchia no habían acreditado el pasivo, cuando lo cierto es que habían presentado las declaraciones juradas, nunca objetadas por la AFIP y debidamente auditadas, donde ciertamente se acreditaba el pasivo, incluso el pasivo en el exterior. Ese rechazo fue después convalidado por dos decretos del Poder Ejecutivo. Por tal motivo, Perfil acudió recientemente a la Justicia pidiendo la suspensión de los mismos, la nulidad y que se ordene que se entreguen al Grupo las respectivas licencias por las que había competido.

¿Por qué su patrocinado pide que sea declarada la  nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad de decretos del Poder Ejecutivo de la Nación del 7 de octubre pasado? ¿Por qué sostiene que no se cumplió con los estándares de la Corte?

Los decretos son arbitrarios e ilegítimos porque invocan una falsa causa, no respetan el derecho de propiedad, el derecho a obtener una licencia y, fundamentalmente, no son razonables y violan el derecho de igualdad. Son ilegítimos y arbitrarios porque declaran inadmisibles las ofertas cuando en las mismas se acreditaban las exigencias del pliego. Hay una desviación de poder. Esto sucede cuando la administración utiliza argumentos para otros fines. En este caso, el fin era no entregarle las licencias al Grupo Perfil.

¿Hubo hechos nuevos?

Hemos descubierto un nuevo hecho que demuestra la arbitrariedad: el viernes 23 de octubre, en otros concursos, la Afsca permitió a otros oferentes modificar y aclarar sus ofertas. Entonces, si la Afsca entendía que en la oferta de Perfil faltaba una información o había un error, tendría que haber utilizado el mismo criterio. Pero, como sabemos, esa no era la finalidad en los concursos en los que se había presentado Perfil, el objetivo de la administración era declararlos fracasados, cerrarlos y rechazar las ofertas de esa empresa. A tal punto que la Afsca llamó a un nuevo concurso en un tiempo récord, exigiendo la presentación de ofertas en los primeros días de noviembre. La rapidez demuestra que este Gobierno quiere otorgar las licencias a medios afines, pero no a medios independientes, como lo viene demostrando.

¿En qué basa la declaración de gravedad institucional?

Los medios de comunicación son los cimientos de una verdadera República. Para que haya una República donde la gente pueda opinar y recibir información se necesitan medios de prensa independientes que cuenten con libertad para ejercer su derecho. Ya lo decía en su momento Bidart Campos: la Constitución exige que el Estado sostenga a la prensa (tratándose siempre de la prensa privada). La Corte también ha dicho que en casos de violación de la libertad de prensa, se presenta una gravedad institucional muy importante, pues cercenando a la prensa, se cercena la opinión pública. Pero, además, en este caso se presenta la gravedad institucional porque está atado a la suerte de la Ley de Medios. Como dijo la Corte en el fallo Clarín, se convalidó la Ley de Medios siempre y cuando sea aplicada con criterios equitativos, algo que no ha sido así en el caso Perfil, en el de Clarín cuando presentó su plan de desinversión y tampoco con La Nación cuando se presentó también por un canal de televisión digital y se declaró fracasado el concurso. Entonces estamos ante numerosos casos de discriminación que atentan principalmente contra los supuestos objetivos que tiene la ley, que son la pluralidad de voces y el acceso a la información. Llama mucho la atención que la Ley de Medios Audiovisuales no haya previsto ninguna herramienta para defender la independencia de los medios de comunicación, como también que no se hayan previsto criterios objetivos de distribución de pauta de publicidad oficial. Se trató de una ley que, bajo el argumento de la pluralidad de voces y la diversidad, a lo que apuntaba era a atomizar los medios de comunicación, lograr que los grandes grupos desinvirtieran y vendieran sus activos,violentando los derecho adquiridos, de manera tal de tener medios pequeños, dóciles a las presiones gubernamentales. Esto es lo que ha sucedido en la Argentina.

¿Qué remedios de la situación sugiere en la demanda?

Estamos pidiendo la suspensión de los nuevos concursos.