Los diputados nacionales José Luis Espert, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy participaron de un debate sobre posibles reformas para mejorar el régimen de Coparticipación Federal argentino, en un debate con reconocidos juristas y profesionales del Derecho, organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en su sede social de la calle Montevideo.

En la apertura, el Dr. Manuel Benites, secretario del Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad y socio fundador del estudio Pérez Alati, describió en detalle la historia de la distribución de los recursos entre Nación y las provincias en Argentina: "A pesar de los beneficios que tiene, la percepción es que el sistema está agotado, en crisis y no representa la situación actual del país. Hoy tenemos provincias ganadoras y perdedoras en este régimen de distribución: la ciudad y la provincia de Buenos Aires".

En el primer panel, moderado por el periodista del diario Clarín, Claudio Savoia, diputados nacionales debatieron "La visión político económica del régimen de Coparticipación Federal". Para Espert, "El régimen de Coparticipación Federal de impuestos es uno de los grandes responsables de que el país sea una gigantesca villa miseria, porque premia a los holgazanes", porque "La coparticipación socava el sistema republicano" y citó el caso de La Rioja, "que tiene más empleados públicos que privados, gasto financiado con una disociación entre ingresos propios y erogaciones, a partir del aporte de los ciudadanos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras provincias". "Todo dinero que no sea invertido en los postulados de la Constitución Nacional es dinero malgastado", dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, citando a Juan Bautista Alberdi. El legislador propuso invertir la pirámide de recaudación, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, donde la carga de recaudación impositiva mayor recae en los municipios y se traslada "De abajo hacia arriba". Para eso, explicó, "se deben delimitar precisamente las competencias municipales, provinciales y federales" y pidió: "Basta de demagogia fiscal y basta de coparticipación federal de impuestos, hay que empezar a abrir la cabeza para pensar nuevas variantes pars recaudar y distribuir impuestos".

En tanto, Laspina planteó: "Tenemos un problema en el diseño de la coparticipación y de la representación parlamentaria, que sobredimensiona a las provincias chicas. El régimen de coparticipación generó un efecto rentísitico en algunas provincias desincentivando incluso la inversión privada" y agregó: "El diseño institucional de la Argentina se ha convertido en una tragedia para replantear este sesgo rentísitico del sistema, porque en los hechos la Cámara de Diputados se ha convertido en otro Senado". Para salir de esa situación propuso presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza para "Poner en tensión el principio de unanimidad que plantea la legislación para los cambios, que es un sinsentido porque es un criterio incluso más exigente que para la propia reforma constitucional". 

En el cierre del panel, López Murphy planteó: "La ley de Coparticipación tiene que hacerse con criterios racionales. Las leyes que tiene el resto del mundo tienen criterios racionales, pero la 23.548 es inexplicable. Debe modificarse: es preferible adoptar cualquier otro vigente en cualquier lugar del mundo que el nuestro, porque no tiene racionalidad" y denunció una "patología en las finanzas públicas, donde el Estado cobra impuestos, no para brindar servicios si no para hacer transferencias de cualquier tipo". En ese sentido, el diputado y ex ministro de Economía y Defensa de la Nación concluyó: "Se puede recomponer la capacidad tributaria de las provincias, con eso se puede sanear el escándalo que tenemos hoy".

En el segundo panel, que trató el impacto jurídico del régimen de coparticipación federal, debatieron el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera; Antonio María Hernández, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba; Corina Laudato, socia de la práctica de Derecho Tributario del estudio Mitrani/Caballero y Gabriel Astarloa, exprocurador general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

"No hay desarrollo humano y económico si no hay instituciones. Argentina es decadente ahora porque perdió el rumbo institucional hace tiempo", abrió Hernández y planteó: "La ley ómnibus es una violación a la transparencia y la ética legislativa. Esto ya lo habían prohibido los romanos en el año 98 AD". En referencia al debate pornos Coparticipación, el catedrático planteó: "Es la hora del acuerdo entre el Presidente y los gobernadores para sancionar una ley convenio de coparticipación impositiva, de conformidad con los principios constitucionales". 

En tanto, Astarloa habló sobre el conflicto de la Ciudad con la Nación por los fondos coparticipables durante la presidencia de Alberto Fernández. "Ese zarpazo sobre los recursos de la Ciudad no se hubiese producido si se hubiese cumplido con la manda constitucional de un nuevo régimen de coparticipación federal y si se hubiese dado pleno cumplimiento al proceso de autonomía" y recordó que el fallo favorable de la Corte Suprema de diciembre de 2022, "Todavía permanece incumplido". 

Para el cierre, Lipera planteó: "El de la Coparticipación Federal es un nuevo desafío que asume el Colegio. Este problema hace a la falta de federalismo y esta falta de federalismo mina los principios republicanos, sobre todo en el aspecto de evitar la concentración del poder". "Entre diciembre de 2005 y febrero de 2006 se sacaron leyes que afectaron seriamente al sistema republicano por un esquema de toma y daca con los gobernadores. Tenemos que terminar con esto porque llegamos al extremo de que cuando la Corte Suprema hace lo que tiene que hacer le piden juicio político", recordó y concluyó: "Por buscar la concentración del poder se armó un grupo de gobernadores que se han llenado de plata a costa del esfuerzo de los argentinos y del que hoy somos rehenes. Necesitamos una ley que termine con estas decisiones arbitrarias".