El 14 de agosto de 2024, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 730/2024, mediante el cual se modifica la reglamentación de la Ley N° 20.655 (Ley del Deporte), a fin de incrementar las formas jurídicas permitidas para entidades deportivas que se encuentren bajo el “Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”.

Habiéndose dispuesto la posibilidad de adoptar una nueva forma jurídica a las organizaciones deportivas, se regula en esta instancia que la decisión sobre el proceso de transformación no les imposibilite en el ínterin participar en competiciones o formar parte de asociaciones deportivas.

Los principales aspectos del Decreto son los siguientes:

(i) se establece un plazo de un (1) año, contado a partir del 15 de agosto de 2024, para que las asociaciones, federaciones y confederaciones, realicen las modificaciones de sus estatutos a fin de adecuarlos para posibilitar la elección de cualquier forma jurídica de organización deportiva.

Los estatutos no podrán impedir, dificultar o limitar los derechos de afiliación a una asociación con fundamento en la forma jurídica adoptada, cuando se tratare de las formas adoptadas por la Ley N° 20.655;

(ii) aquellas organizaciones deportivas que hayan decidido modificar su forma jurídica tienen derecho a permanecer en las competiciones y bajo las mismas condiciones que lo hacían bajo su estructura jurídica anterior;

(iii) para la transformación de la asociación civil en sociedad anónima es necesario el voto de dos tercios de los asociados que participen en la asamblea extraordinaria que considere dicha decisión; y

(iv) para las sociedades anónimas con objeto social deportivo serán de aplicación las disposiciones previstas para sociedades anónimas en la Ley General de Sociedades, en cuanto a la conformación de su directorio y duración.

Este Decreto representa un nuevo y renovado avance significativo en la flexibilidad jurídica para organizaciones deportivas en la Argentina, permitiéndoles optar por estructuras societarias que éstas consideren mejor se adapten a sus necesidades, sin perder sus derechos y capacidades competitivas. El Decreto pretende una transición ordenada y busca proteger los derechos de las organizaciones durante el proceso de adecuación, intentando prevenir reticencia de las asociaciones, federaciones y confederaciones.

Por Adrián Furman y Agustín Castro