En los próximos días, la presidenta Cristina Fernández y el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmarían un convenio para transferir competencias de la justicia penal nacional a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estando acompañado dicho traspaso de las correspondientes partidas presupuestarias, tal como era reclamado desde el gobierno porteño.
Luego de la transferencia realizada algunos años atrás, la justicia porteña cuenta con la capacidad de investigar y juzgar algunos delitos menores, como la tenencia de armas de uso civil, lesiones en riña, y amenazas entre otros, mientras que a partir del nuevo convenio los casos que resultarían de competencia de la justicia local son los hurtos y las lesiones, que incluyen las culposas, y dentro de estas los accidentes de tránsito, a la vez que vigilarán el desempeño de los funcionarios del gobierno local.
Una vez que el convenio sea firmado, será girado para su aprobación final a la legislatura porteña y al Congreso Nacional en paralelo, entrando en vigencia a los sesenta días de producida la última ratificación de las indicadas en la cláusula precedente.
Es importante destacar que la transferencia de competencias objeto del convenio se acompañará de los recursos pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2º de la Constitución, y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, el texto del convenio prevé que “la transferencia de las competencias será en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su presentación por los cambios jurisdiccionales que sean llevados a cabo”.
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