El 2 de noviembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 64/26 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que aprueba el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aplicable a las obras y actividades que se desarrollen en puertos, canales de acceso y vías navegables bajo su jurisdicción, junto con los modelos de declaración jurada que deberán presentar los titulares de proyectos. La norma crea un régimen propio de la ANPYN, que regula la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), y alcanza a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que bajo cualquier título de ocupación realice o sea responsable de actividades en ese ámbito.

El eje del régimen es la categorización de cada proyecto según su incidencia ambiental. El trámite se inicia mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), con la presentación de una declaración jurada específica para puertos o para vías navegables, en la que el titular describe la actividad, sus consumos, residuos, emisiones, dragados, proximidad a áreas sensibles y riesgos. Sobre esa base, la ANPYN asigna una Puntuación Total de Incidencia Ambiental (PT) que pondera 5 componentes:

i- tipo de obra o actividad;

ii- magnitud y escala de la intervención; localización y sensibilidad del entorno;

iii- intervención física y materiales gestionados; y

iv- riesgos operativos, ambientales, acumulativos o sinérgicos.

En función de la PT, se clasifica la actividad como de baja (0 a 21 puntos), moderada (22 a 41 puntos) o alta incidencia ambiental (42 puntos o más). Dentro de los 10 días hábiles, la categorización se formaliza en una Disposición de Inicio.

Cada categoría determina un procedimiento distinto:

-Las actividades de alta incidencia deben presentar, dentro de los 30 días hábiles, un Estudio de Impacto Ambiental completo (con línea de base sustentada en campañas de relevamiento, análisis de alternativas, evaluación de riesgos y un Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental (PMyGA)) y se someten a una instancia obligatoria de participación ciudadana, con publicación de edictos en el Boletín Oficial y en dos diarios a cargo del titular y un plazo mínimo de 30 días corridos para observaciones.

-Las de moderada incidencia tramitan un procedimiento abreviado, con un estudio enfocado que debe presentarse en 20 días hábiles.

-Las de baja incidencia acceden a un procedimiento simplificado, que exige presentar en 10 días hábiles documentación básica y una declaración jurada de inexistencia de impactos significativos.

Concluida la EIA, la ANPYN emite la DIA y, si es favorable, el CAA. La actividad aprobada debe iniciarse dentro de los 4 años de notificada la DIA, bajo pena de caducidad. El CAA tiene una vigencia de 2, 4 o 6 años según se trate de actividades de alta, moderada o baja incidencia, debe exhibirse o publicarse en el sitio web del titular y renovarse antes de su vencimiento. Toda modificación de una actividad ya evaluada debe comunicarse a la ANPYN antes de ejecutarse, y las modificaciones sustanciales (entre ellas, las que superen el 10% de la escala, productividad, costo o superficie del proyecto original) pueden requerir una nueva EIA.

Las actividades que se inicien sin DIA o incumplan sus condiciones serán suspendidas o clausuradas de inmediato, y la ANPYN podrá ordenar la demolición de las obras en infracción a cargo del infractor.

La resolución rige desde su publicación para los puertos y vías navegables bajo administración de la ANPYN, que podrá extender progresivamente su alcance a los restantes ámbitos de su jurisdicción. Las actividades preexistentes que cuenten con estudios ambientales aprobados o planes de monitoreo autorizados no deberán someterse a una nueva EIA, salvo modificaciones sustanciales, pero sus titulares deberán adecuar su PMyGA al nuevo régimen dentro del plazo máximo de 1 año; de lo contrario, no podrán renovar su CAA y podrán ser objeto de medidas de fiscalización y sanción.

Por Manuel Frávega