Sumado al paquete de 84 proyectos que apuntan a cambiar la Ley de Contrato de Trabajo presentado a fines de abril, una nueva iniciativa también impulsada por el diputado Héctor Recalde, busca derogar los artículos 83 a 106 de la Ley 24.467, donde se implementa un régimen especial que regula las relaciones laborales de las pequeñas y medianas empresas otorgándoles una serie de beneficios.

Mediante la iniciativa que ya se encuentra en manos de las comisiones de Legislación del Trabajo y Pequeñas y Medianas Empresas, se busca derogar el régimen especial para pequeñas y medianas empresas e incluir las relaciones de empleo en la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual podría generar un impacto directo sobre los costos laborales.

De acuerdo al régimen especial establecido por la Ley 24.467 y su decreto reglamentario que fija un régimen especial para regular las relaciones laborales de las Pymes, se otorga una serie de ventajas a aquellas empresas que no superan los cuarenta empleados y que no excedan una facturación máxima anual establecida en relación a la actividad que realicen.

Entre tales ventajas se destaca la de computar un sólo mes de preaviso en caso de despido, independientemente de la antigüedad del trabajador, mientras que en el régimen del contrato de trabajo al superar los cinco años debe ser de dos meses, así como la posibilidad de fraccionar el aguinaldo.

A ello se suma la simplificación de las registraciones laborales mediante el “Registro Único de Personal”, a la vez que se permite a tales empresas participar en un nuevo convenio colectivo en caso de que no exista uno que abarque la actividad que desarrollen.

Aquellos que defienden el proyecto que busca la derogación del régimen especial para volver a la antigua Ley de Contrato de Trabajo, sostienen que se afectan principios constitucionales como el derecho a la igualdad y el derecho a igual remuneración por igual trabajo al permitir una regulación diferenciada de los derechos de los trabajadores en base al tamaño de las empresas, mientras que quienes se oponen a que las Pyme deban aplicar en todo su alcance la Ley de Contrato de Trabajo explican que si bien todos los trabajadores tienen los mismos derechos, no existe ningún impedimento a que los mismos puedan ser reglamentados ante situaciones diferentes, a la vez que remarcan el fuerte impacto en los costos laborales que tendrían las Pymes en caso de prosperar la reforma.